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Argentina
da, ni se pretende desconocer los eventuales sufrimientos psicológicos
que la madre pueda padecer por tener que llevar a término un embarazo
no deseado. La mujer, como toda persona perteneciente a la
familia humana, es titular de todos los derechos humanos reconocidos
por los instrumentos internacionales. Tanto nacidos como no nacidos
son titulares de idénticos derechos, por lo que resulta necesario tratar
de compatibilizarlos cuando éstos entran en aparente enfrentamiento.
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Resta entonces preguntarse, si existe razón suficiente para desconocer
el derecho humano a la vida de la persona por nacer, máxime si se tiene en
cuenta que los derechos de la mujer que se verían afectados –aunque efectivamente
resultarían restringidos– sufrirían una limitación meramente temporal,
en tanto que el aborto implicaría la supresión o aniquilación del titular de
iguales derechos.
1.2 Otros proyectos de reforma del Código Penal
a. Interrupción voluntaria del embarazo y derogación del artículo 85 inc.2,
y del artículo 86 y 88 del Código Penal argentino
Este proyecto es uno de los más recientes intentos legislativos por modificar
la legislación penal en materia de aborto. Fue presentado por la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito el
16 de marzo de 2010 en la Cámara de Diputados de la Nación bajo el
expediente 0998–D–2010.
El proyecto pretende reconocer a toda mujer el “derecho a decidir la
interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas
del proceso gestacional” (artículo 1). Asimismo, agrega como excusas
absolutorias el llamado “aborto sentimental” es decir, cuando el embarazo
fuera producto de una violación (artículo 3 inc.a), y la existencia de
malformaciones fetales graves (artículo 3 inc.c), garantizando el acceso a
estas prácticas de manera gratuita a través de los servicios de salud del
sistema público. El único requisito exigido es el consentimiento informado
de la madre, sin que sea necesario solicitar consentimiento del padre ni
autorización judicial previa. Para otorgar válidamente este consentimiento
se exige la edad de catorce años (14), desconociendo de este modo
la legislación civil que rige en materia de capacidad de las personas, y
generando evidentes incoherencias. Así, por ejemplo, se exige la edad de
18 años para ser donante de sangre, práctica evidentemente de menor
complejidad y riesgo, y con mínimas consecuencias si se la compara con