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Chile
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tiene efectos interruptivos del embarazo el que cuentan sólo desde la anidación
del óvulo fecundado en el útero materno. Pero esto en la legislación chilena no
parece sostenible. En Chile siempre se ha entendido que es sujeto pasible del
delito de aborto el niño no nacido desde el mismo instante de la fecundación.
Sobre esto hay constancia clara en las actas de la Comisión Redactora del Código
Penal: “desde el momento en que el feto tiene un principio de existencia, hay en
él germen de un hombre y el que lo destruye se hace reo de un gravísimo delito”
(Acta de la sesión 159ª). Los penalistas clásicos así lo decían enfáticamente.
Así, por ejemplo, Raimundo del Río enseñaba que “técnicamente, tal delito de
aborto comete la mujer que ingiere una substancia abortiva al día siguiente de
la fecundación…”, 36 y lo mismo repiten Alfredo Etcheberry 37 y Gustavo Labatut. 38
Según otra posición la píldora del día después no tendría efectos antinanidatorios
por lo que se trataría sólo de un contraceptivo y no de una sustancia
abortiva. Esto ha sido objeto de un debate judicial.
En primer lugar, la Corte Suprema, en fallo de 30 de agosto de 2001, conociendo
de un recurso de protección presentado en contra de la resolución del
Servicio de Salud Pública que autorizó el expendio del producto, declaró que “el
derecho a la vida es la esencia de los derechos humanos, pues sin vida, no hay
derecho” (considerando 15º), y que la criatura no nacida es titular del derecho
a la vida (considerando 17º). Con ello declaró ilegal el acto administrativo. Frente
a una nueva resolución autorizando la misma droga pero con otro nombre
comercial, ante una acción de nulidad de derecho público de la resolución que
autorizó el segundo fármaco, si bien el fallo de primera instancia acogió la demanda
por considerar que había una amenaza seria a la vida e integridad física
del embrión humano, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que no
se acreditó suficientemente que el fármaco tuviera efectos antiimplantatorios y
que este problema sería un hecho médico–biológico no resuelto científicamente
(considerando 16) y que por tanto la decisión debía ser de competencia de los
órganos especializados de la administración y no del ámbito jurisdiccional. La
Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación en el fondo, mantuvo la
sentencia, básicamente porque estimó que el establecimiento de los hechos era
privativo del tribunal de instancia.
Frente a un decreto supremo que aprobaba normas sobre fertilidad y en
el que se autorizaba la distribución de la píldora del día después en los servicios
36 DEL RIO, Raimundo, Derecho Penal; Santiago, 1935, t. III, p. 182.
37 ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho penal; Santiago, 1965, t. III, p. 89–90.
38 LABAUT, Gustavo, Derecho penal; Santiago, 1983, t. II, p. 126.