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196 Defendiendo el derecho humano a la vida en Latinoamérica
con la salud de la mujer, incluida la salud mental; y para terminar con la
exigencia a profesionales de la salud de informar sobre las mujeres que
se someten a aborto y a los organismos encargados de hacer cumplir las
leyes, los cuales imponen sanciones penales a esas mujeres”.
También resulta elocuente el punto 285 del mismo examen, el cual claramente
excede lo puramente jurídico al afirmar que, “en relación al aborto,
el gobierno no se ha planteado considerar en su mandato la despenalización
del mismo, dado que no existen aún condiciones para abordar este
tema en el debate público, ni siquiera en relación al aborto terapéutico, el
que existió en Chile hasta 1989, en que fue suprimido por el gobierno militar.
La cerrada resistencia a analizar un fenómeno que afecta a decenas de
miles de mujeres, por parte de los medios de comunicación conservadores,
sectores religiosos opuestos a toda referencia a dicha realidad y partidos
políticos que comparten las posiciones mencionadas, ha tenido un fuerte
efecto en la opinión pública, a lo largo de las tres últimas décadas”. 30
Parece prudente emitir breves comentarios sobre estas recomendaciones.
En primer lugar, resulta evidente que detrás de conceptos como “derechos
sexuales” o “salud reproductiva” se esconden prácticas que ponen en tela
de juicio la dignidad de la persona humana. Si restaba alguna duda, el
Comité lo evidencia explícitamente al concretizar dichas expresiones con
llamados concretos a despenalizar el aborto. En segundo lugar, expresiones
como “medios de comunicación conservadores” y “sectores religiosos
opuestos a toda referencia a dicha realidad” son bastante expresivas de
que estos organismos no pretenden ser una instancia judicial que imparte
justicia, sino más bien se traducen en herramientas al servicio de
ideologías que se imponen empleando la coercitividad de los tratados
internacionales. Y estas intromisiones en asuntos de política interna
resultan no sólo curiosos, sino bastante cuestionables. Finalmente, es
interesante que el lector sea capaz de ver que esta estrategia de trabajo
internacional por la vía de órganos que inciden en la legislación interna,
ha sido el mecanismo empleado para diseminar el aborto y otros medios
de planificación familiar similares a lo largo de todo el continente.
El 23 de enero de 2001 el Gobierno inició la tramitación mediante el
Mensaje N°282–343 que busca aprobar el Protocolo Facultativo y com-
30 Para revisar el detalle del Examen del Comité, a propósito del informe chileno del año 2004,
Vid. http://www.eclac.org/mujer/noticias/noticias/2/27332/Informe%20CEDAW%2006.%20
Version%20no%20editada.pdf.