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Argentina
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ceden parte de sus competencias al gobierno federal; 3 y una forma republicana
de gobierno, que reconoce el poder en el pueblo que gobierna a través de sus
representantes y autoridades. 4
Asimismo, ha reconocido a su Constitución Nacional como ley suprema
del Estado, debiendo adecuarse a ella toda legislación o disposición de carácter
infraconstitucional. 5
Sin embargo, en el año 1994 tuvo lugar una reforma que confirió a algunos
tratados internacionales de derechos humanos una jerarquía equivalente a
la Carta Fundamental, modificando el concepto de supremacía, y dando origen
al denominado bloque de constitucionalidad federal. 6 En efecto, la Constitución
enuncia en su nuevo artículo 75 inc. 22 aquellos tratados que le quedaron equiparados
en jerarquía:
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
• Declaración Universal de Derechos Humanos;
• Convención Americana sobre Derechos Humanos;
3 El artículo 121 de la Constitución Nacional dispone que las provincias conservan todo el poder
no delegado en el gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al momento de su incorporación. Entre las facultades reservadas se encuentra
el derecho de dictar su propia Constitución que asegure su administración de justicia, su
régimen municipal y la educación primaria (artículo 5 CN). Por su parte, entre los poderes
conferidos al gobierno federal, se encuentra la facultad del Congreso de la Nación de dictar
la legislación de fondo, esto es, los códigos Civil, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad
Social (artículo 75 inc.12 CN).
4 Conforme artículo 22 de la Constitución Nacional. La forma republicana de gobierno también
se caracteriza por la división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la
transitoriedad en el ejercicio de la función pública, la publicidad de los actos de gobierno,
la elección popular de los gobernantes, y la igualdad ante la ley.
5 El artículo 31 CN dispone que la “Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia
se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de
la Nación”. A pesar de que una interpretación literal del artículo pareciera inferir que tanto
la Constitución como las leyes nacionales y los tratados internacionales se encuentran a un
mismo nivel, ha sido coincidente la interpretación doctrinaria y judicial que establece que la
Constitución Nacional se encuentra en la cúspide de la pirámide legislativa, encontrándose
luego los tratados internacionales, y finalmente la legislación nacional.
6 Germán J. BIDART CAMPOS, Compendio de Derecho Constitucional, Ediar, Buenos Aires,
2004, p. 25.