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204 Defendiendo el derecho humano a la vida en Latinoamérica
públicos de salud, un grupo de diputados requirió al Tribunal Constitucional un
pronunciamiento sobre la afectación del derecho a la vida. Por sentencia de 18 de
abril de 2008, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad en este punto del decreto,
teniendo presente que “la singularidad que posee el embrión, desde la concepción,
permite observarlo ya como un ser único e irrepetible que se hace acreedor, desde
ese mismo momento, a la protección del derecho y que no podría simplemente ser
subsumido en otra entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial
de la que ya goza en cuanto persona” (considerando 51º); tras lo cual declara que
la duda razonable suscitada en estos sentenciadores acerca de si la distribución
obligatoria de la píldora del día después en los establecimientos que integran la
Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud puede ocasionar la
interrupción de la vida del embrión, al impedirle implantarse en el endometrio
femenino, genera, a su vez, una incertidumbre acerca de una posible afectación
del derecho a la vida de quien ya es persona desde su concepción en los términos
asegurados por el artículo 19 N° 1 de la Constitución. La referida duda debe llevar,
de acuerdo a lo que se ha razonado, a privilegiar aquella interpretación que favorezca
el derecho de “la persona” a la vida frente a cualquiera otra interpretación
que suponga anular ese derecho (Sentencia 18 de abril de 2008. rol Nº 740–07).
Los partidarios de la píldora del día después, apoyados por el Gobierno de
la Sra. Michelle Bachelet, presentaron un proyecto de ley para autorizar lo que se
denomina contraceptivos de emergencia. Finalmente, el Congreso aprobó la ley
Nº 20.418, de 28 de enero de 2010, sobre información, orientación y prestaciones
en materia de regulación de la fertilidad. Aunque muchos entienden que con ello
se habría dado luz verde a la distribución privada y pública de la píldora del día
después (los parlamentarios no requirieron que el Tribunal Constitucional examinara
la ley en este punto), lo cierto es que, en conformidad con lo dispuesto
en su artículo 4, bien puede sostenerse que la ley se refiere sólo a los anticonceptivos
que no causen abortos. El precepto señala a la letra “En todo caso, no
se considerarán anticonceptivos, ni serán parte de la política pública en materia
de regulación de la fertilidad, aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea
provocar un aborto” (art. 4). Si, como creemos (y así lo afirman los mismos laboratorios
internacionales que la fabrican), la píldora del día después tiene entre uno
de sus posibles objetivos el provocar un aborto (es decir, provocar la muerte del
ser humano concebido), ella no está autorizada jurídicamente y sigue plenamente
vigente la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.