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202 Defendiendo el derecho humano a la vida en Latinoamérica
Afortunadamente, esto se advirtió a su debido tiempo y sirvió para que el
Congreso Pleno ejerciendo su función de poder constituyente derivado reafirmara
la personalidad constitucional del ser humano concebido, por medio de una
expresa aclaración en tal sentido. Varios hicieron uso de la palabra para hacer
hincapié en que la reforma al hablar de que las personas nacen libres no podía
entenderse como un debilitamiento del derecho a la vida del que está por nacer
(Diputada Cristi, Diputado Elgueta, Senador Díez, Diputado José García, Diputado
Krauss, Senador Urenda, Senador Zaldívar), ni en el sentido de “ignorar, suprimir o
atenuar el reconocimiento de la personalidad constitucional que corresponde tanto
a hombres como mujeres desde el mismo momento de la concepción” (Diputada
Guzmán, Senador Larraín, Diputado Luksic, Diputado Pérez). 35
La protección constitucional de la vida y salud del concebido resulta reafirmada
si se tiene en cuenta que el inc. 2º del art. 5 de la Constitución establece el
deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales de
la naturaleza humana garantizados por la Constitución y por “los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Entre estos tratados
ratificados por Chile, encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
llamada Pacto de San José de Costa Rica (D. Of. 5 de enero de 1991), que
declara solemnemente que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”
y que “este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento
de la concepción” (art. 4.1). Además, dispone que todo ser humano tiene derecho
al reconocimiento de su personalidad jurídica (art. 3, en relación con el art. 1.2).
Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (D. Of. 29
de abril de 1989) dispone que “El derecho a la vida es inherente a la persona
humana”. La expresión persona humana claramente alude a todo individuo de la
especie humana.
Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño (D. Oficial de 27 de
septiembre de 1990), declara enfáticamente que, para sus efectos, se “entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad... “ (art. 1). Esta definición
comprende a los nascituri ya que, según la misma Convención, “el niño por su
falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso
la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” (preámbulo)
(énfasis añadido).
La discusión de la píldora del día después se ha centrado en si ella tiene
un efecto abortivo o no. Algunos han sostenido que no es abortiva porque no
35 Cfr. Sesión del Congreso Pleno del 15 de mayo de 1999, Diario de Sesiones del Senado p.
4037–4066.