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Carolina Jiménez Martín
• La ley 1444 sobre la Escisión de Ministerios desvela una importante reestructuración institucional
del Estado a nivel nacional. A través de esta el país vuelve a tener 16 carteras ministeriales
y asiste a la creación de unos nuevos sectores administrativos para la regulación de
los asuntos del accionar del Estado. Entre los cambios se destacan la creación del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Estos dos ministerios son fundamentales para impulsar el objetivo central del Plan Nacional
de Desarrollo como es el de la convergencia regional. En efecto, estas instituciones
concentraran sus esfuerzos en la definición de una nueva espacialidad urbana-rural que se
ajuste a la nueva geografía de la acumulación capitalista que se requiere en el escenario contemporáneo.
Entre los puntos más importantes se destacan la transformación de los centros
urbanos de las ciudades capitales y el despliegue de una estrategia reprimarizadora con unos
márgenes mínimos de sostenibilidad ambiental. Otro de los reajustes ministeriales significativos
es el que se da con el Ministerio de Minas y Energía, al cual se le quitan funciones
operativas y se le asigna como única y exclusiva responsabilidad la formulación y reglamentación
de políticas de minería, y a la par se crea la Agencia Nacional Minera, encargada de
los procesos de contratación y titulación, del seguimiento, el control y la seguridad minera,
y de lo relacionado con promoción y fomento. Esta adecuación institucional es fundamental
para dar sostenibilidad a la locomotora minera de Juan Manuel Santos.
• La ley 1448, conocida como la ley de víctimas del conflicto armado interno en Colombia y
de restitución de tierras, y el borrador de proyecto de ley de desarrollo rural se constituyen
en herramientas jurídicas sobre las que se pretende apoyar la actual administración para
impulsar su estrategia de una nueva ruralidad minera y agroindustrial. En efecto, estas dos
iniciativas abren el escenario para avanzar en políticas de ordenamiento productivo del territorio
rural que subordinan proyectos agrícolas campesinos sustentados en el minifundio
hacia estrategias agroindustriales de corte latifundistas y ampliamente tecnificadas. Es así
como esta ley termina limitándose a aclarar los derechos de propiedad rural, elemento estratégico
para el sostenimiento del modelo desarrollo primario exportador hacia el que hoy
se orienta la economía del país.
Esta prolífica producción normativa que ha caracterizado a la administración de Juan Manuel Santos
debe leerse de cara a dos dimensiones. Por una parte, una estrategia de reestructuración y relegitimación
de un régimen político fragmentado y polarizado bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-
2010). Y por la otra, una estrategia de reprimarización económica, que busca posicionar al país en la
división territorial del trabajo como clúster minero energético (especialmente carbón, oro y petróleo)
y agroindustrial (palma, caucho y plantaciones forestales).
Esta redefinición del andamiaje jurídico no es exclusiva de Colombia: en países como México, a
través de la reforma laboral, y en la Argentina, con la ley de alianzas público-privadas y la reforma de
la Banca Central, es posible afirmar que también se avanza en esta dirección. El derecho expresa así,
tal como lo consideraba Pashukanis, el carácter de clase que lo define, y para el caso que nos ocupa
encontramos una producción normativa favorable a la nueva geografía histórica de la acumulación
del capital en América Latina.
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