Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la

Estas garantías pretender minimizar, entre otros, los riesgos de impactos al
medio natural por quiebra, cese de actividad o por prácticas inadecuadas en
proyectos autorizados. Este sistema debería ser ampliado a cualquier actuación
no cubierta por el régimen preventivo de la ley de responsabilidad ambiental.
Más allá de la propia garantía de restauración del impacto, estos
depósitos a largo plazo, ya que deben ser efectivos mientras dure la actividad,
podrían invertirse en fondos verdes de inversión a través del Fondo para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, generando un nuevo flujo de recursos
financieros para la biodiversidad. A diferencia de lo que ocurre en otros países
donde la responsabilidad ambiental también se ha legislado, la Directiva Europea
permite que cualquier persona demande a la administración pública
por decisiones que estimen contrarias al medio ambiente.
En cualquier caso, los procedimientos legales para demandar a una empresa
son muy costosos para unos resultados que suelen ser cuando menos
inciertos. En el caso de la mina de Aznalcóllar, la Junta de Andalucía y el
Gobierno español han tenido que invertir casi 200 millones de euros en
limpiar y regenerar el Guadiamar y convertirlo en un corredor verde, en la
mayor restauración hidrológica en Europa. Y en mitad de un marasmo judicial,
Boliden, la empresa que gestionaba la mina, sigue sin pagar un euro
por el daño del vertido 71 . A pesar de la relevancia del caso, Boliden fue exculpada
en la causa penal abierta contra ella.
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Caso 23: El vertido del Exxon Valdez
En la mañana del 24 de marzo de 1989, los tanques del petrolero Exxon Valdez
vertieron a la bahía de Prince William Sound, en Alaska, 37.000 toneladas de
petróleo. En 1994 se condenó a la compañía propietaria, la ExxonMobil Corporation,
al pago de 287 millones de dólares por daños y de 5.000 millones
por daños y perjuicios. Después de varios recursos esta última cantidad fue
primeramente reducida a 4.000 millones y después a 2.500 millones. En 2008
el Tribunal Supremo estimó todavía excesiva esa cantidad. Veinte años después
todavía no se sabe qué cantidad debe pagar por el vertido. Sin embargo, hasta
la fecha la compañía ha gastado 2.100 millones de dólares en tareas de limpieza,
1.200 millones en compensaciones por pérdidas de ingresos y 3.400
millones en costes adicionales. En total, 6.700 millones de dólares.
Pero lo que está en juego en el proceso legal aún abierto es cómo se determinan
en estos casos las indemnizaciones por daños y perjuicios, y si es válido el
método de valoración contingente para ello. Este caso muestra lo largos y costosos
que pueden llegar a ser los procesos legales, incluso cuando está claro
71
http://www.publico.es/espana/074339/aznalcollar/leccion/aprendida
Responsabilidad ambiental y medidas compensatorias