Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la

la misma. En América Latina hay 16 áreas protegidas financiadas íntegramente
por mecanismos de “pago por servicios ambientales” relacionados
con la provisión de agua de calidad que ofrece el área. En muchos países
se han establecido pagos por el mantenimiento o restauración de ecosistemas
forestales nativos en las cuencas de captación que suministran agua
de calidad para el consumo humano, o que ayudan a los agricultores a resistir
los periodos estacionales de sequía. El agua es un recurso tangible y
fácilmente evaluable dado que es fácil calcular el descenso de la producción,
que es un bien de consumo con valor monetario de mercado, en ausencia
del recurso, o el coste de depuración de agua de boca.
Costa Rica tiene el 11% de su territorio, unas 450.000 hectáreas, financiadas
con PSA. Gracias a ello, los propietarios de bosques nativos reciben
un pago por conservar el bosque. Como ya se ha comentado en el apartado
de “impuestos y tasas ambientales”, estos fondos salen entre otros,
del impuesto a los carburantes y del canon del agua, un 25% del cual se
destina a áreas protegidas públicas y otro 25% a áreas privadas. En Colombia
el 6% de la tasa hidroeléctrica se destina a programas de conservación
de áreas protegidas de municipios y gobiernos regionales. En México
el pago por conservación es seis veces mayor que el salario mínimo. No
obstante en todos estos casos los PSA son poco específicos a la hora de
fijar la demanda y de establecer indicadores de calidad de los bienes proporcionados.
En algunos casos ha dado lugar al acaparamiento de tierras,
de forma análoga a lo sucedido en algunos países europeos, donde se han
constatado compras especulativas para “cazar primas” de la PAC.
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Dentro de Natura 2000 existen cuencas de captación que suministran agua
potable a numerosas poblaciones. Sin embargo este servicio ambiental no
se traduce en una demanda específica ni en la consiguiente contribución
de los beneficiarios a los costes de quienes proporcionan el servicio, lo que
se conoce como el “efecto polizón”. Así por ejemplo, el estudio de costes
y beneficios del plan de gestión de Montes de Alduide (Navarra), lugar integrado
en Natura 2000, incluía un estudio de costes evitados al no tener
que depurar a su paso por Pamplona el agua que se recogía en la cuenca
de captación incluida en el área protegida; sin embargo eso no se tradujo
en un sistema de pago por el servicio.
La biodiversidad, como servicio ambiental, no se suele vender de manera
directa. Se venden, por el contrario, usos de suelo específicos que se considera
protegen a las especies, los ecosistemas y la diversidad genética (Pagiola,
2002). El proceso de comercializar la diversidad de la naturaleza no
Subvenciones y pagos por servicios ambientales