Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la

solina a los vehículos, un impuesto al turista y un impuesto de ‘conservación del
bosque’ que pagan las compañías hidroeléctricas y de suministro de agua potable.
El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Fondo Nacional para la Financiación
Forestal (FONAFIFO), se encarga de canalizar los pagos a los
propietarios forestales y a las áreas protegidas.
En sus cuatro primeros años se incorporaron 2.000 km2 de bosque al programa,
con un coste de 47 millones de dólares. Los pagos varían en función de las actividades
realizadas: 450 dólares por hectárea en el caso de reforestación, 320
dólares en el caso de gestión sostenible y 200 dólares por hectárea en el caso e
conservación de bosques. El pago medio por hectárea fue de 280 dólares anuales.
Los pagos se realizan mediante un contrato de cinco años, pasados los cuales
los propietarios quedan libres de renegociar los pagos con el gobierno o con
otra entidad. En cualquier caso, se comprometen a mantener las medidas durante
20 años en caso de gestión sostenible y conservación, y durante 15 años
en el caso de reforestación.
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El FONAFIFO puede vender los derechos de uso adquiridos a los propietarios
para obtener financiación. Los compradores pueden ser las empresas hidroeléctricas
interesadas en proteger las cuencas, las empresas turísticas, interesadas
en que se mantenga el paisaje, o donantes internacionales privados.
La buena aceptación del programa indica que la cuantía del pago supera los
costes de oportunidad de los propietarios, hasta el punto de poner en cuestión
la eficiencia del programa en lo que respecta a un posible “exceso de beneficios”
para el proveedor de los servicios ambientales. Sin embargo, no cabe duda de
que desde la perspectiva del desarrollo socioeconómico y de la conservación el
programa ha sido un éxito. La duda radica en si es sostenible a largo plazo, lo
que dependerá del mantenimiento del nivel de pagos (Pagiola y Platais, 2001;
www.fonafifo.com).
La utilización de esquemas de pagos por servicios ambientales para la protección
combinada de cuencas hidrográficas y biodiversidad son frecuentes
en EE. UU., Asia y América Latina. Landell-Mills (2002) revisó 61 experiencias
en 21 países diferentes. Entre otros los de la ciudad de Quito (Ecuador),
el Valle Cauca y río Guabas (Colombia), Paraná, Minas de Gerais y Sao
Paulo (Brasil). En todos ellos se ha puesto en marcha un sistema de PSA
mediante el cual se paga a los propietarios de los terrenos de la cuenca de
captación para que mejoren su gestión agrícola y forestal.
En cualquier caso, los sistemas PSA pueden ayudar a redistribuir los subsidios
hacia áreas marginales de alto valor natural, sobre la base de bienes y
servicios ambientales generados, identificados y cuantificados, a la vez que
se fomentar el desarrollo rural, se favorece las economía locales, se crea
Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad