Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la

de algunos administradores de parques radica también en el convencimiento
de que el contacto con la naturaleza mejora la actitud ante la biodiversidad
y permite comprender y animar los esfuerzos para su protección.
Además, la mayoría de las áreas protegidas están gestionadas por agencias
públicas que no tienen independencia financiera ni control sobre los ingresos
que generan, por lo que carecen de incentivos para incorporar mecanismos
del mercado que aumenten esos ingresos.
A pesar de todo, el cobro de entrada se extiende cada vez más. En ocasiones
se buscan formas alternativas para capturar la disponibilidad a pagar
por disfrutar de la biodiversidad, cobrando por los servicios que se ofrecen
a los visitantes. Otra opción es el cobro indirecto mediante una tasa a los
concesionarios de un servicio en las áreas protegidas, que repercuten a los
visitantes dentro de su factura.
Muy extendidos están también los impuestos sobre la caza y la pesca (Canadá,
Croacia, Islandia, Serbia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Chequia,
EE. UU., Austria, Finlandia, Grecia, Holanda, Serbia y Montenegro, Suiza,
etcétera). Bien es cierto que con frecuencia los ingresos por expedición de
licencias de caza y pesca no valoran el uso y consumo particular de recursos
públicos, como son las especies, ni los costes necesarios para resolver algunos
problemas generados por dichas actividades; por ejemplo, la introducción
ilegal de especies alóctonas de valor pescable en nuestros ríos, la
pérdida de diversidad genética de las poblaciones autóctonas o el declive
de sus poblaciones (Barreiro y García, 2004). Existen experiencias en las
que las tasas por licencias de caza y pesca son cobradas por las compañías
forestales propietarias de los terrenos, que reinvierten los ingresos en programas
de conservación. Tal es el caso de International Paper, que tiene un
“banco de conservación” para la protección de una especie amenazada
de pájaro carpintero (ver apartado de “reservas de activos naturales negociables”).
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En España, algunas comunidades autónomas 7 han legislado para que una
parte de los ingresos provenientes de las explotaciones forestales o cinegéticas
se reinviertan en mejoras ambientales en los bosques o en los cotos
de caza. En este sentido, cabría asimilar esta medida a una imposición ambiental
compensatoria por los costes ambientales de los aprovechamientos,
tal como han establecido muchos otros países. Pero en este caso, el mecanismo
de control de los fondos es mucho más laxo que un impuesto, y su
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Artículo 101 del Reglamento de Montes de Navarra (DF 59/1992) y artículo 69 de la Ley
Foral 2/1993 de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats.
Impuestos y tasas ambientales