La Directiva Marco del Agua en Catalunya - Generalitat de Catalunya

La Directiva Marco del Agua en Catalunya
para quienes “cuando la demanda de agua para
todos los usos competitivos se cubre adecuadamente,
el coste del recurso es cero” y “el coste del
recurso puede aproximarse por la renta de escasez.
La renta de escasez del agua (o sea, la renta por
unidad de recurso escaso –agua en este caso) es
un excedente, la diferencia entre el coste de oportunidad
del agua (o sea, igual al precio de equilibrio
de mercado) y los costes directos (marginales) por
unidad (como por ejemplo extracción, tratamiento
y saneamiento) de convertir este recurso natural en
productos relevantes (por ejemplo, cultivos agrarios
o servicios de agua para los residentes en los centros
urbanos)”.
No obstante, en la práctica suele suceder que la
cantidad que algunos usuarios están pagando por
el uso del agua es muy inferior a su coste de oportunidad,
medido como la cantidad máxima que
otros potenciales usuarios estarían dispuestos a
pagar por esta agua. Es precisamente esta gran
diferencia –especialmente en momentos de mucha
escasez– la que ha dado lugar a las experiencias
de los “bancos públicos de agua” (Arrojo y Naredo,
1997). En lenguaje económico, se entiende que se
da una ineficiencia económica cuando el agua no va
a aquellos usos que generan más beneficios económicos.
Es preciso, pero, aplicar con cautela este
criterio ya que a los beneficios económicos tendríamos
que restarles los costes ambientales asociados
a cada uso, que ya hemos visto que no sabemos
bien cómo medir monetariamente ni incluso si es
legítima su valoración monetaria, y, además, tendríamos
que considerar los efectos sociales de las
desviaciones de unos a otros usos.
Para algunos autores la propia idea del coste del
recurso tendría que asociarse directamente a la ineficiencia
en su uso. El “coste del recurso” surge de
una asignación ineficiente del recurso (en cantidad
y/o calidad) en el tiempo y entre usuarios, produciéndose
cuando los usos del agua alternativos
generan un valor económico mayor que el uso presente
o previsto en el futuro (Andreu et al., 2004).
Éste es también el enfoque de Heinz (2005), a pesar
de que no está claro que este fuese el sentido del
concepto en la DMA y a pesar de que el cálculo del
concepto parece extremadamente complejo.
3. La distribución de costes
entre los diferentes sectores
Otro de los puntos clave del artículo 9 de la DMA
es la idea de que es precisa “una contribución adecuada
de los diversos usos del agua, desglosados,
como mínimo, en industria, hogares y agricultura, a
la recuperación de los costes de los servicios relacionados
con el agua, etc..., teniendo en cuenta el
principio quien contamina paga. Esta contribución
se debería dar, a más tardar, el año 2010 en todos
los Estados miembros. Esta especificación está dirigida,
como la comunicación COM (2000) precisa,
especialmente al hecho de que el sector agrario
–y particularmente en los países del Sur de Europa–
“paga unos precios muy inferiores en comparación
con otros sectores, tanto por las subvenciones
directas como por las subvenciones cruzadas mediante
las transferencias financieras de los sectores
doméstico e industrial hacia el sector agrario”.
El mismo artículo 9 suaviza mucho la anterior exigencia
al decir que se pueden tener en cuenta efectos
sociales y económicos y afirmar, incluso, que
los Estados miembros no incumplirán la directiva
si no aplican el criterio a una determinada actividad
de uso del agua “siempre y cuando eso no
comprometa ni los objetivos ni la consecución de
los objetivos de la presente directiva”. Con todo, es
importante –y adecuado, a nuestro entender– que
como criterio general se plantee que los diferentes
sectores paguen globalmente en relación a los
costes que generan teniendo en cuenta, entre otros
cosas, que los que generen más costes ambientales
tienen que pagar más por este concepto, incluso
si no sabemos bien cómo medir monetariamente
estos costes.
Los trabajos de estudio sobre recuperación de
costes en los diferentes sectores, requeridos por
la DMA y puestos en marcha por la ACA, pronto nos
darán mucha más información sobre la situación
en Catalunya, pero sin duda puede preverse que el
sector agrario contribuye muy poco a la recuperación
de costes incluso si nos limitamos a considerar
los costes financieros. Esta situación se debería
cuestionar ya que, en términos generales y cuando
menos en los países ricos, no parece ser que haya
justificación social para que de forma permanente
los agricultores paguen globalmente una proporción
inferior a los costes relativos que generan.
Desgraciadamente, el principal instrumento fiscal
que grava el agua en Catalunya –el canon del agua–
excluye a todos los efectos la agricultura del pago
de este impuesto. La aplicación del canon, que
comportaría contabilizar los usos del agua agraria,
aunque fuese con unos coeficientes inicialmente
mucho pequeños sería una medida que induciría
mucho a un uso más eficiente. Si es obviamente
justificado ser prudentes y, como señala Maeztu
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