La Directiva Marco del Agua en Catalunya - Generalitat de Catalunya

La Directiva Marco del Agua en Catalunya
cional establecida en la sentencia 227/1998, de 29
de noviembre, y en la sentencia del Tribunal Supremo,
de 20 de abril de 2004, y el principio de unidad
de cuenca como criterio para la gestión integral del
agua. En el caso de las demarcaciones intracomunitarias,
la competencia tiene que corresponder a
la CA. En el caso de las demarcaciones internacionales,
la DMA impone la necesidad que las diferentes
autoridades competentes se coordinen para la
aplicación de sus normas.
En el caso de Catalunya, la delimitación de la demarcación
hidrográfica de las cuencas internas de
Catalunya se efectuó mediante la Ley 6/1999, de 12
de julio, de ordenación, gestión y tributación del
agua, hoy refundida en el Decreto Legislativo 3/2003
de 4 de noviembre (artículo 6), sin mencionar a las
aguas costeras.
3.4. Las autoridades competentes
La DMA obliga a los Estados miembros a designar
la autoridad competente apropiada para la aplicación
de sus normas en cada demarcación hidrográfica,
así como en la parte de cualquier demarcación
hidrográfica situada en su territorio (artículo 3.2 y
3.3). La idea que preside esta designación es la
necesidad de colaboración entre las diferentes autoridades
con competencia en la materia (la Comisión
Europea, los estados, las regiones y los municipios)
para cumplir con sus objetivos, pero de
acuerdo con el principio de autoorganización de los
Estados la UE no predetermina cuál o cuáles tienen
que ser las autoridades competentes.
En nuestro ordenamiento jurídico, las autoridades
competentes para la elaboración de la planificación
hidrológica han sido tradicionalmente los organismos
de cuenca o administraciones hidráulicas, pero
en los nuevos espacios añadidos a la planificación
(aguas de transición y costeras asociadas, o la consideración
del agua como medio natural) concurren
competencias de diversas administraciones públicas.
Así, son llamadas a tener criterio en estas materias
las CA, los municipios, y las autoridades de
costas, portuaria y marítima.
Las posibles soluciones para conseguir la participación
de estas autoridades serían la integración
en el órgano de gobierno del organismo de cuenca
o la administración hidráulica, como autoridad principal,
o la utilización de instrumentos de colaboración
y cooperación interadministrativa (actuación
para la evacuación de informes o creación de órganos
colegiados para cooperar e impulsar el ejercicio
de las diferentes competencias). La solución finalmente
adoptada por el Estado español ha sido la
creación en las cuencas intercomunitarias de un
Comité de Autoridades Competentes adscrito al
organismo de cuenca como órgano de cooperación
e información que debe respetar el ámbito competencial
de cada CA y autoridad implicada en los
objetivos de la DMA (artículo 36 bis del TRLA). EL
organismo de cuenca se mantiene en el ejercicio de
sus competencias de gestión del dominio público
hidráulico sin cambios específicos.
Es preciso tener en cuenta que el establecimiento
de una autoridad a nivel de cuenca hidrográfica y
los mecanismos de coordinación interadministrativa
no son desconocidos en nuestro ordenamiento
jurídico, ya que las confederaciones hidrográficas
ostentan competencias de gestión y protección de
las aguas continentales, y la coordinación entre las
confederaciones hidrográficas y las autoridades
urbanísticas y ambientales de las CA es una experiencia
del TRLA (artículo 25).
Con la creación del comité de autoridades competentes,
todas las estructuras administrativas del
organismo de cuenca se mantienen y el comité
asume funciones de cooperación, impulso y centralización
de la información, pero cada autoridad
competente asume las responsabilidades derivadas
del incumplimiento de sus obligaciones. Integran
el Comité de autoridades competentes los
órganos de la Administración General del Estado
en materia de costas, los órganos de las CA cuyo
territorio forme parte de la demarcación hidrográfica
con competencias en materia de control y policía
de las aguas, entre otros, y los entes locales
cuyo territorio coincida en todo o en parte con el
de la demarcación con competencias sobre policía
y control de las aguas.
En el caso de demarcaciones hidrográficas de cuencas
intracomunitarias se impone a las CA el deber
de garantizar el principio de unidad de gestión de las
aguas, la cooperación en el ejercicio de las competencias
que en relación a su protección corresponden
a las diferentes administraciones públicas, y la
información relativa a su demarcación hidrográfica,
actuaciones éstas que, como recuerda el dictamen
de la Comisión Jurídica Asesora antes mencionado,
no limitan de forma desproporcionada la potestad
de autoorganización autonómica.
En este sentido, la Generalitat de Catalunya, mediante
la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, ya había
creado la ACA, administración hidráulica única de
la Generalitat para la gestión integrada del agua,
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