La Directiva Marco del Agua en Catalunya - Generalitat de Catalunya

5. La Directiva Marco del Agua, el principio de la recuperación integral de costes y la política de precios
(2000), “al aplicar el principio de recuperación de
costes a la agricultura es preciso tener en cuenta
la situación generalizada de precios bajos pagados
por la agricultura asociados a unos derechos
consuetudinarios de uso del agua. Esta situación
de precios bajos está integrada en los costes de
producción utilizados por el agricultor, por lo que
un cambio en estos costes puede alterar el margen
de beneficios con los efectos socioeconómicos y
los problemas de viabilidad institucional indicados
anteriormente”. Este hecho, el que los derechos no
pueden cambiarse de un día a otro, es uno de los
argumentos que hacen atractiva la idea de permitir
–cuando menos en épocas de sequía y de forma
públicamente controlada– los intercambios de agua
entre agricultores y otros usuarios.
En lo que concierne al conjunto de los sectores, ya
se conoce –aunque todo eso está en proceso de
cuantificación– que globalmente no se recuperan
todos los costes monetarios de la gestión del agua,
puesto que los ingresos de la ACA –el principal de
los cuales es el canon– son insuficientes para hacer
frente a todos los gastos, que se cubren en una
parte con subvenciones; el desequilibrio resultante
incrementa el endeudamiento.
Finalmente, se añaden dos consideraciones sobre
el principio de la recuperación de costes. Una primera
consideración es que un aspecto polémico es
cuál es la escala a la que se tiene que aplicar el principio.
La DMA considera la cuenca o demarcación
hidrográfica (formada por el conjunto de pequeñas
cuencas) como unidad de planificación y a esta
unidad se refiere también cuando habla de análisis
económico. En el caso de Catalunya, tendríamos
dos unidades. La cuenca del Ebro –con usos mayoritariamente
agrarios– y las cuencas internas de
Catalunya –con usos mayoritariamente urbanos e
industriales. Se plantea, pero, la cuestión de cómo
se tienen que introducir los criterios de equidad entre
consumidores de diferentes áreas de una misma
demarcación o, incluso, entre las diversas demarcaciones
(en el primer caso parece claro que eso no
contradice la DMA pero en el segundo caso podría
interpretarse que sí). Tal y como señala Massarutto
(1999), en una reflexión sobre las diversas experiencias
europeas, “el problema que vemos en todas
las situaciones es el de encontrar alguna forma de
compromiso entre la aplicación rigurosa del principio
“quien usa, paga” –según el cual la tarifa de
cada usuario se debería calcular sobre la base del
coste marginal que él impone a la infraestructura
colectiva– y la necesidad de aplicar alguna forma
de solidaridad para suavizar las desigualdades a
que este principio daría lugar”.
Una segunda consideración es que hay una serie
de costes ligados a la gestión y conservación de
las aguas que no pueden asociarse –cuando menos
directamente – a los usuarios del recurso agua y que,
de acuerdo con la filosofía de la internalización de
costes, podrían justificar pagos no vinculados al uso
del agua. Por ejemplo, la contaminación difusa por
uso de fertilizantes está ligada a la actividad agraria;
eso justificaría hacer pagar por esta contaminación,
pero la forma adecuada no sería en función del uso
del agua sino de la cantidad y tipos de fertilizantes
(por ejemplo, mediante un impuesto sobre estos
productos). Otro ejemplo relevante es el del aumento
de riesgo de inundaciones debido a los procesos
de urbanización, coste que podría recaer sobre los
que promueven los procesos de urbanización (en
este sentido, se ha hablado de un posible impuesto
sobre la “impermeabilización del suelo”).
4. El principio “quien
contamina paga” y el canon
del agua por usos no
domésticos en Catalunya
El coste del agua para las empresas depende
–como para los consumidores domésticos– de dos
componentes: el precio que cobra la compañía suministradora
(o, en su caso, el coste de explotar
las fuentes propias) más los tributos que se tienen
que pagar.
Ya hemos visto que uno de los principios clave de
la DMA es el de “quien contamina paga”, principio
que orienta teóricamente la política ambiental de
la UE desde hace muchos años pero que avanza
muy poco a poco. Afortunadamente, y en el caso
del agua, en Catalunya muchas industrias pagan
en función de la contaminación que generan. Para
verlo explicaremos el funcionamiento del canon del
agua, principal tributo sobre el uso del agua que fue
creado, unificando otros tributos, en el año 1999.
Las características del canon son muy diferente
según afecte a los usos domésticos o los usos no
domésticos. En este apartado explicaremos cómo
funciona en este segundo caso.
La base imponible del canon del agua es el volumen
de agua consumido que preferentemente
tiene que medirse directamente mediante contadores
y, en su defecto, tiene que estimarse. En
el caso de los usos no domésticos está formado
por dos componentes. El primero es el llamado
componente general, que fija un mismo precio
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