La Directiva Marco del Agua en Catalunya - Generalitat de Catalunya

La Directiva Marco del Agua en Catalunya
gislación vigente, priorizando las directrices marco
o de carácter horizontal frente a las directivas de
detalle o sectoriales, y la integración de los objetivos
de calidad de las aguas en las demás políticas
sectoriales como la agricultura y la industria para
eliminar los riesgos para la salud humana y el medio
ambiente, y asegurar que el ritmo de extracción de
los recursos sea sostenible en el tiempo.
En el capítulo económico-financiero, el 6º Programa
propugna la necesidad de considerar las implicaciones
económicas y sociales de las normas ambientales,
y que la financiación comunitaria ayude
a poner en marcha las directivas que impliquen costes
elevados, teniendo en cuenta las necesidades
regionales y locales.
2. La finalidad de la Directiva
Marco del Agua (DMA)
Es en este contexto, y a caballo entre el 5º y el 6º
Programa de acción, cuando se aprueba la Directiva
2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas (en adelante,
DMA), fundamentada jurídicamente en el artículo
174 del Tratado de la Unión Europea (en
adelante, TUE) ya que tiene como objetivo central
la protección del medio ambiente. Por otra parte,
esta directiva, de carácter ambiental, fue aprobada
por decisión mayoritaria del Consejo y no por unanimidad
como hubiese requerido una directiva que
tuviese como objeto central la gestión cuantitativa
de los recursos hídricos o afectase indirectamente
a la disponibilidad de los mencionados recursos.
(artículo 175.2 del TUE).
Al tener como objeto la protección del medio ambiente,
se enfoca en lograr los objetivos de:
a) Conservación, protección y mejora del agua y de
los ecosistemas asociados.
b) Protección de la salud de las personas.
c) Utilización prudente y racional de los recursos
hídricos.
d) Fomento de las medidas a escala internacional
para luchar contra la contaminación de las aguas
y el desabasto.
Esta política, por otra parte, tiene que basarse en
los principios de prevención y cautela, en el principio
“quien contamina paga” cuando la contaminación
resulta inevitable, y en el principio de subsidiariedad
puesto que la DMA representa la forma
mínima y preferente de intervención de la UE en el
ámbito de la calidad de las aguas (considerando
núm. 19).
Estamos en presencia de una de las llamadas directivas
de última generación, como la Directiva
96/61/CEE o la Directiva 2001/42 CEE, sobre evaluación
ambiental de planes y programas, que
preconizan un enfoque integrado (en este caso,
una visión global del agua y de los ecosistemas
asociados) que responde a los requerimientos del
6º Programa de acción comunitaria y que ha visto
la luz después de un largo proceso de negociación
de más de tres años en el seno de la Unión
Europea.
La DMA contiene los principios comunes para el
uso y protección de las aguas de la Comunidad y,
en este sentido, engloba y sistematiza la dispersa
normativa de aguas de forma tal que cuando se
desarrolle íntegramente quedarán sin efecto las directivas
actuales en la materia que regula. Así, la
DMA no impone una uniformidad de resultados
(dada la diferente situación climática y geográfica
de los países de la UE), pero sí una metodología
común para acercarse a los problemas del agua a
través de unos principios y objetivos, unas definiciones,
unas medidas básicas y unos plazos y excepciones
comunes.
Así, el objeto de la directiva es establecer un marco
para la mejora y protección de las aguas superficiales,
subterráneas, de transición y costeras asociadas
(artículo 1), así como de los ecosistemas vinculados
a las aguas, pero deja a cada estado
libertad para adoptar las medidas que se correspondan
dentro del esquema institucional que le es
propio, sin entrar en ni afectar al sistema de distribución
interna de competencias que tenga cada
Estado miembro. Esto posibilita, en nuestro caso,
que a partir del sistema de distribución de competencias
que resulta de la Constitución Española de
1978 y del Estatuto de Autonomía para Cataluña de
1979, la Generalitat de Catalunya incorpore, como
lo hizo mediante la Ley 6/1999 de 12 de julio, de
ordenación, gestión y tributación del agua (DOGC
de 22.7.1999), buena parte de los principios y contenidos
de la DMA.
El objetivo mínimo es, en todo caso, alcanzar un
buen estado químico y ecológico de las aguas superficiales
y un buen estado químico y cuantitativo
de las aguas subterráneas para los diferentes usos
en un plazo de 15 años, y cumplir con los objetivos
de los convenios internacionales (Barcelona, Atenas...)
suscritos por la UE para prevenir y eliminar
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