La Directiva Marco del Agua en Catalunya - Generalitat de Catalunya

5. La Directiva Marco del Agua, el principio de la recuperación integral de costes y la política de precios
quier empresa con consumos superiores a los 1.000
m 3 /año puede ser requerida a hacer la declaración
básica a instancias de la ACA, lo cual amplía la posibilidad
de utilizar el tratamiento tributario individualizado
como herramienta de política ambiental.
En resumen, Catalunya cuenta con un potente
instrumento para aplicar el principio “quien contamina
paga” que está funcionando desde hace
bastantes años (en 1992 el desaparecido tributo
de saneamiento ya fue reformado para introducir la
declaración de carga contaminante como forma de
hacer pagar más a los que más contaminan). Este
instrumento puede mejorarse teniendo en cuenta
la experiencia previa a pesar de que existen pocos
estudios sobre el efecto que el canon ha tenido en
los diferentes vertidos contaminantes.
5. Principios tarifarios
e incentivos al ahorro: el
caso del agua doméstica
en Catalunya
El artículo 9 de la DMA plantea como objetivo a alcanzar
en el año 2010 “que la política de precios del
agua proporcione incentivos adecuados para que
los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos
hídricos”. En este apartado se presentan algunas
reflexiones sobre este objetivo en el caso de los
usos domésticos en Catalunya, donde el precio que
las familias pagan depende básicamente de las tarifas
establecidas por las compañías suministradoras
y del canon del agua para usos domésticos.
La primera consideración es que la propia idea de
definir una política de precios incentivadora de la
eficiencia comporta que podamos alejarnos de la
mera repercusión de costes financieros familia a familia
que llevaría, como primera aproximación, a cobrar
una parte fija por periodo y una parte variable
proporcional al consumo que reflejase los costes
fijos y variables que soportan empresas y administraciones
públicas (ACA, 2004). Esta estructura
tarifaria es a menudo defendida por las compañías
suministradoras y tiene como principal ventaja que
puede garantizar con más seguridad la recuperación
de costes; a pesar de ello no explota al máximo
las posibilidades de generar incentivos al ahorro.
El único elemento que induce económicamente al
ahorro es la parte de la factura que nos podemos
ahorrar al reducir el consumo, y lo hace más cuando
más estamos pagando por las últimas unidades
de consumo. Si añadimos el hecho de que unos
niveles mínimos de consumo de agua son absolutamente
necesarios y que su encarecimiento es un
tema especialmente sensible (incluso en los países
ricos donde la factura del agua representa para la
inmensa mayoría de la gente una parte muy pequeña
de su gasto total), podemos concluir que,
tanto por motivos sociales (que tienen que tenerse
muy en cuenta según la propia DMA) como de eficiencia
ambiental, una estructura de precios que
tiene muchas ventajas es la que cobra sólo por los
consumos efectivos y cobra cantidades por m 3 más
elevadas a medida que nos alejamos de los consumos
más básicos.
La experiencia de la “guerra del agua” de los años
1990 en el área metropolitana de Barcelona es una
muestra de cómo la cuestión distributiva tiene que
ponerse en el candelero si se quiere que las reformas
tarifarias sean aceptadas socialmente. Como
señala Barraqué (1999): “el problema de la equidad
distributiva y de la aceptabilidad social y política
del aumento del precio del agua ... deviene el factor
principal que condiciona todo cuanto se puede
hacer para aumentar las tarifas y para financiar las
intervenciones necesarias que garanticen las dos
primeras dimensiones (económica y ambiental). Y
es seguramente el elemento sobre el que es más
importante reflexionar, porque en este momento en
ningún país europeo la “tecnocracia” correspondiente
está preparada culturalmente para afrontar
esta situación”.
Una buena estructura de precios podría adoptar
la forma de un precio marginalmente creciente de
forma continua a partir de unos niveles de consumo
muy básicos, pero normalmente adopta la forma de
una tarifa por bloques –más fácil de entender por
los usuarios. Ciertamente, las variaciones de consumo
no previstas pueden comportar mayores diferencias
entre ingresos y costes que una estructura
con una parte fija y una parte variable proporcional
al consumo, pero las demandas son de hecho bastante
previsibles a corto plazo, por lo que eso no
supone una gran objeción. Para profundizar sobre
las diferentes opciones de estructuras tarifarias
es muy recomendable el estudio realizado por la
ACA con la asistencia técnica de AQA Ingenieros
Consultores (ACA, 2004) donde, considerando los
diferentes criterios sociales, ambientales y económicos
de valoración, tiende a pronunciarse por las
tarifas por bloques.
En términos de recuperación de costes, esta opción
comporta una deliberada subvención cruzada entre
consumidores, ya que aquéllos que tienen unos
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