JAVIER TUSELL - Prisa Revistas

LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA
DEL MINISTERIO FISCAL
1. La problemática estructura
del Ministerio Fiscal
Una de las materias que, desde tiempo
atrás, ha ocupado un notable protagonismo
en nuestra escena política es el relativo
al Ministerio Fiscal: las actuaciones
del Fiscal General del Estado y de los fiscales
integrantes del Ministerio Público,
el nombramiento de aquel y su responsabilidad
política han sido, entre otros muchos
extremos relacionados con la materia,
objeto de la atención pública, incluso
con relevantes resoluciones judiciales, como
la del Tribunal Supremo en relación
con los requisitos exigidos para acceder a
la Fiscalía General del Estado. Y muy recientemente
se ha planteado, también, el
problema del ámbito de la libertad de expresión
de los integrantes del Ministerio
Público.
Dentro de este marco, uno de los elementos
más conflictivos es el relativo a la
dependencia o independencia de los integrantes
del Ministerio Fiscal, incluyendo
al Fiscal General del Estado. Con frecuencia
se postula la independencia del
Ministerio Fiscal, si bien que generalmente
en términos abstractos, ya que no se sabe
bien si lo que se quiere es que el independiente
sea el Fiscal General del Estado
o la totalidad de los integrantes del Ministerio
Fiscal. En todo caso, el debate al
respecto es recurrente, intensificado por
la creciente judicialización de la vida política,
y está llamado a resurgir cada vez
que en los tribunales penales se diriman
litigios de repercusión política y en los
que, por consiguiente, la actuación del
Ministerio Fiscal sea susceptible de favorecer
o perjudicar a los actores políticos.
La eventualidad de consagrar la independencia
del Ministerio Fiscal adquiere
un relieve especial si se relaciona con una
reforma imprescindible, y ésta de verdad
urgente, de nuestro sistema procesal penal.
En efecto, si los últimos años han
Nº 85 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
JOAQUÍN GARCÍA MORILLO
puesto algo de relieve es que es imperioso
eliminar los numerosos residuos del sistema
inquisitivo que perduran en nuestro
ordenamiento procesal penal y establecer
plenamente un sistema acusatorio que
otorgue al Ministerio Público la función
de investigar los delitos y confine a cada
cual en la función que constitucionalmente
le corresponde: a los fiscales, en la
de investigar los delitos y acusar; y a los
jueces, en la de juzgar, protegiendo con
su imparcial posición supra partes los derechos
de todos los implicados. La existencia
de jueces que investigan, rodeando
la investigación de la sacralizada áurea de
imparcialidad que corresponde a lo judicial
y que tienen a los fiscales como cualificados
asesores jurídicos, es uno de los
fenómenos más claramente disfuncionales
que perviven de nuestros antecedentes
históricos extraconstitucionales. Pues
bien, la perspectiva de que los fiscales
asuman esas funciones investigadoras imprime
una especial relevancia –la que se
corresponde con las funciones que habrán
de desempeñar– a su legitimación
para ese cometido.
2. El principio democrático
y los poderes del Estado
En los Estados democráticos, como España,
tanto el origen como el funcionamiento
de las instituciones públicas están
presididos por el principio democrático.
Ello supone, básicamente, dos cosas: la
primera, que las decisiones son adoptadas
por la mayoría existente en cada momento.
Este componente se encuentra profundamente
condicionado por las características
del Estado de Derecho que, al
objeto de proteger los derechos de la minoría,
impone límites, constitucionalmente
plasmados, a la libertad de actuación
de la mayoría. La segunda consecuencia
del principio democrático es que
todos cuantos ejercen un poder público
son designados por la elección popular,
directa o indirecta; o dicho al directo
modo americano, que todos cuantos ejercen
funciones de gobierno son elegidos
por el pueblo y son responsables por sus
actuaciones.
Tanto el poder legislativo como el
poder ejecutivo cumplen, en los sistemas
democráticos, esta segunda condición.
En todos los sistemas democráticos los
integrantes del poder legislativo son en
su inmensa mayoría directamente elegidos
por el electorado y los demás lo son
indirectamente. Con excepciones que, de
tan escasas, son irrelevantes –como, por
ejemplo, los senadores vitalicios en Italia–
todos los componentes del poder legislativo
ostentan legitimación democrática
directa o indirecta. Igual sucede con
el poder ejecutivo: bien directamente, como
sucede en los sistemas presidencialistas
(o en casos tan peculiares como el de
Israel), bien indirectamente, como acontece
en los sistemas parlamentarios como
el nuestro, los miembros del Gobierno
gozan de legitimación democrática, esto
es, ejercen sus funciones en virtud de la
decisión popular, y su legitimación se
transmite a la Administración a la que dirigen.
3. El principio democrático
y el tercer poder
Muy distinta es, sin embargo, la situación
en lo que se refiere al tercer poder, el
Poder Judicial: son escasos los supuestos
en los que los integrantes del Poder Judicial
ostentan una legitimación democrática
directa, resultante de la elección popular;
y, lo que quizá sea aún más destacable,
esos supuestos de elección popular
directa se circunscriben, como suele suceder
en Estados Unidos, a las funciones
judiciales menos relevantes. En América
son numerosos, sin embargo, los sistemas
donde los jueces gozan de una legitima-
15