JAVIER TUSELL - Prisa Revistas

EXIGENCIAS SOCIALES Y POLÍTICA CRIMINAL
dica (como la coherencia de sentido y la
evitación de reiteraciones o del casuismo)
han sido ignoradas. La opción por una ilusoria
eficacia prima sobre los principios legitimadores
de la intervención penal.
2. También se han registrado notables
progresos en la profundización del Estado
de derecho a través de una reforzada tutela
penal de los derechos y libertades individuales.
a) Se pueden reseñar, en primer lugar,
las modificaciones registradas a lo largo de
los últimos 20 años en la configuración del
Derecho Penal sexual.
Desde fines de los setenta a fines de los
ochenta se introdujeron importantes cambios
derivados de la transformación que
paulatinamente se produjo en el objeto de
protección: éste dejó de ser la moral sexual
colectiva en beneficio de la libertad sexual
individual. Ello trajo consigo un número
significativo de despenalizaciones, que
afectaron a los antiguos delitos de adulterio,
amancebamiento, mera fornicación
con personas entre determinados límites de
edad, exposición de doctrinas contrarias a
la moral pública, escándalo público y comportamiento
indecente. Igual de trascendentes
fueron determinadas modificaciones
en elementos de las figuras delictivas persistentes:
se eliminaron las exigencias típicas
que impedían castigar los atentados sexuales
cuando la víctima se estimaba deshonesta
o había perdido previamente la virginidad;
se asignó el mismo tratamiento punitivo
a los atentados con independencia del
sexo de autor y víctima o de la naturaleza
heterosexual u homosexual de la conducta;
y se acabó con previsiones legales favorecedoras
de la impunidad de los poderosos
económicamente o de chantajes, como era
el caso, singularmente en la violación, del
perdón por la víctima.
Con el nuevo Código Penal de 1995
se han querido consolidar las reformas precedentes:
ante todo se ha concluido el proceso
de acomodación de todos los delitos
sexuales al objetivo de proteger la libertad
sexual individual y no determinadas pautas
morales. Ello ha supuesto la reforma de los
delitos relativos a la prostitución, así como
la derogación del delito de corrupción de
menores; ejemplo éste paradigmático de la
pretensión de imponer determinadas pautas
de comportamiento sexual en nuestra
sociedad: ha sido acertadamente sustituido
por figuras más limitadas que protegen al
menor frente a manipulaciones de su desarrollo
sexual pero son al mismo tiempo
respetuosas con el pluralismo de nuestra
sociedad. En segundo lugar, se han asumido
las opiniones doctrinales para las que
una coherente protección de la libertad sexual
implicaba disminuir el énfasis puesto
en la concreta acción sexual realizada, trasladándolo
a la intensidad del ataque a la libertad
individual sufrido; ello explica la
pérdida de autonomía conceptual, que no
desaparición, de figuras tradicionales como
la violación y el estupro. En todo caso, no
puede pasarse por alto que la nueva regulación
resultante contiene importantes defectos
técnico-jurídicos que, unidos a determinadas
concesiones parlamentarias en
materia de escalas punitivas, la han alejado
apreciablemente de los plausibles objetivos
perseguidos 8 .
b) Se han dado igualmente pasos trascendentes
de cara a lograr compatibilizar la
estricta protección de la vida humana en
sus diferentes fases con el respeto de otros
derechos o libertades individuales.
Desde mediados de los ochenta se
rompió la tendencia a una protección absoluta
y sin matices del embrión y el feto: la
despenalización de determinados supuestos
de aborto supuso el reconocimiento de que
se producen con alguna frecuencia conflictos
de intereses en los que debe otorgarse la
primacía a los de la embarazada frente a los
del nasciturus o de la sociedad que lo tutela.
La reforma se quedó corta, en la medida
en que dio relevancia a un número excesivamente
limitado de situaciones conflictivas.
La necesidad de seguir avanzando en
esa línea no debe hacernos olvidar, con todo,
que las opiniones sociales mayoritarias,
a mi juicio con razón, no parecen dispuestas
a abandonar la perspectiva del conflicto
de intereses ni a dejar, en consecuencia, la
decisión exclusivamente en manos de la
embarazada. De hecho sólo en el periodo
de los tres primeros meses de embarazo se
están haciendo propuestas en este último
sentido, con la intensa polémica social por
todos conocida.
En cualquier caso, la discusión sobre la
ampliación de los supuestos despenalizados
tiene como trasfondo varios hechos significativos:
En primer lugar, una interpretación
del supuesto legal de riesgo grave para
la salud psíquica de la madre, en el que se
amparan la gran mayoría de las interrupciones
legales del embarazo, que supera claramente
los límites de la interpretación jurídica;
asimismo, una práctica de persecu-
8 El proyecto en curso de reforma de los delitos
sexuales constituye, desgraciadamente, en líneas
generales una vuelta a planteamientos ya superados.
ción judicial que mayoritariamente mira
para otro lado ante un caso de aborto consentido,
sin que ello, paradójicamente, impida
la aparición ocasional y de modo poco
predecible de actuaciones judiciales persecutorias
que con frecuencia resultan demasiado
estrictas; y, sobre todo, una tolerada y
generalizada actitud de desobediencia civil
por parte del personal sanitario que, más
allá de su indiscutible derecho a la objeción
de conciencia, ha logrado en la práctica
privar a la ciudadanía de su derecho a recibir
una determinada prestación sanitaria legal
en los centros sanitarios públicos.
Por otro lado, y a pesar de que aún están
pendientes decisiones legislativas contundentes
e inequívocas en este ámbito, se
han abierto limitadamente las puertas al
reconocimiento del derecho a disponer de
la propia vida: la importante atenuación de
pena prevista en el nuevo código para los
supuestos más graves de eutanasia permite
fácilmente concluir que las restantes hipótesis,
menos problemáticas, y aun las primeras
si el comportamiento es omisivo,
han de considerarse impunes.
A su vez, y a pesar del vértigo que en
estas cuestiones parece afectar a los tribunales
superiores, en concreto al Constitucional
y al Supremo, los jueces y tribunales
inferiores comienzan a ser cada vez más
sensibles a las demandas hechas por minorías
religiosas de que se respete su jerarquía
de valores en relación con situaciones de
peligro para su vida, como sucede con la
negativa a transfusiones sanguíneas de los
testigos de Jehová o al ejercicio de acciones
reivindicativas por los reclusos a través de
huelgas de hambre. Parece razonable pensar
que en estos temas no se ha dicho aún
la última palabra.
Las técnicas de ingeniería genética han
colocado a la política criminal, como ya he
señalado, ante un nuevo conflicto valorativo
falto aún de suficiente reflexión: algunas
de las decisiones legislativas ya tomadas en
el nuevo código dan la impresión de haberse
adoptado influidas más por la desconfianza
hacia nosotros mismos que por las
necesidades concretas de protección de bienes
jurídicos 9 . En todo caso, conviene advertir
que la ineludible intervención jurídico-penal
en el ámbito de la ingeniería genética,
probablemente todavía muy lejos
de su definitiva configuración, va a terminar
cuestionando tabúes sociales tan consolidados
como las libertades de reproducción
y maternidad, al menos en el sentido
en el que en la actualidad se entienden.
c) Hay otros ámbitos directamente
afectantes a los derechos y libertades indi-
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