JAVIER TUSELL - Prisa Revistas

LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL MINISTERIO FISCAL
de actuación y de dependencia jerárquica,
ambos frontalmente contrarios a cualquier
atisbo de independencia.
El punto de imputación inmediato
del principio de dependencia jerárquica
es, precisamente, el Fiscal General del Estado
y, con sujeción a él, los demás Fiscales
Jefes. El hecho de que el Fiscal General
del Estado sea nombrado y removido
a propuesta del Gobierno (art. 124.4 de
la CE) sitúa a éste como punto de imputación
mediato de dicha dependencia jerárquica.
Ello se justifica porque el Ministerio
Fiscal es, sin duda, uno de los
principales ejecutores de la política criminal
que, evidentemente, es parte de la política
interior cuya dirección corresponde
al Gobierno (art. 97 de la CE) y por la
que éste es responsable (art. 108 de la
CE) ante el Congreso de los Diputados
en tanto que representante del pueblo español.
El binomio legitimación-responsabilidad,
insoslayable en méritos del principio
democrático, se cierra, así, con el
nombramiento por parte del Gobierno,
que ostenta la legitimación derivada de su
investidura por el Congreso y es responsable
de su política criminal ante éste, del
Fiscal General de Estado, al cual está jerárquicamente
subordinada la totalidad
del Ministerio Público.
Entre los principios constitucionales
que rigen el Poder Judicial y los que inspiran
al Ministerio Fiscal no hay, pues,
ningún paralelismo; hay, por el contrario,
una relación absolutamente contradictoria:
la que existe entre la independencia
absoluta que la Constitución proclama
respecto del Poder Judicial y la jerarquía y
unidad de actuación –más claro, la rabiosa
dependencia– que imprime al Ministerio
Fiscal. Es verdad que Poder Judicial y
Ministerio Fiscal actúan en el mismo ámbito,
pero no es menos cierto que sus características
orgánicas y funcionales y, por
ende, su regulación constitucional son rabiosamente
diferentes. De ahí que la continua
remisión a las categorías judiciales
en general, y a la Ley Orgánica del Poder
9 Así, los arts. 28 (régimen de recusaciones);
30 (tratamiento protocolario del fiscal general del
Estado); 31 (retribución del Fiscal General del Estado);
33 (tratamiento protocolario de los miembros
del Ministerio Fiscal); 42 (oposiciones para el
ingreso en el cuerpo); 46 (jubilaciones); 47 (situaciones
administrativas); 52 (permisos y licencias);
53 (régimen retributivo) y 60 (responsabilidad civil);
70 (rehabilitación) equiparan el régimen jurídico
del Ministerio Fiscal al previsto en la LOPJ
para jueces y magistrados. Además, la Disposición
Adicional establece la supletoriedad, con carácter
general, de la LOPJ.
Judicial (LOPJ) en particular, que se contienen
en el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal (EOMF) 9 sean notoriamente
disfuncionales, pues disfuncional es equiparar
a órganos que son conceptualmente
diferentes 10 .
Ello no quiere decir, me apresuro a
decirlo, que el Ministerio Fiscal se integre
en el poder ejecutivo a secas (aunque,
desde luego, es en él donde encuentra su
legitimación, en última instancia derivada
de los electores a través del Parlamento);
ni mucho menos en la Administración,
ya que la propia Constitución dispone
(art. 124.1) que el Ministerio Fiscal
ejerce su función por medio de “órganos
propios”. Es en esta especificidad, en la
actuación por medio de órganos propios,
donde reside la singularidad del Ministerio
Fiscal, y no en una inexistente integración
en el Poder Judicial o en una independencia
semejante a la de éste. El
Ministerio Fiscal ejecuta las instrucciones
10 Un clamoroso ejemplo reciente de esta disfuncionalidad
es la aplicación del art. 120 de la
LOPJ para impedir el nombramiento de un vocal
del CGPJ como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo,
ya que, obviamente, ese precepto apunta a impedir
que los jueces que forman parte del órgano de
gobierno del Poder Judicial se prevalgan de su pertenencia
a dicho órgano de gobierno para obtener ascensos
en el poder que gobiernan, lo cual, como es
notorio, no acontece con el ministerio fiscal, que en
absoluto está sujeto al CGPJ; de hecho, el art. 120
es clarísimo en su referencia a los cargos exclusivamente
judiciales.
que recibe por medio de órganos propios,
y no por los órganos comunes al Ejecutivo
y a la Administración. No es ocioso
reseñar, con todo, que el principio de jerarquía
se impone constitucionalmente,
también, a la Administración (art. 103);
y que el de unidad de actuación es típico
de la organización administrativa y es
igualmente inferible de las características
que el mismo precepto constitucional
predica respecto de la Administración
pública.
También es cierto que la Constitución
complementa los principios de unidad
de actuación y dependencia jerárquica
que presiden el ejercicio de las funciones
del Ministerio Fiscal con los de
legalidad e imparcialidad. Ahora bien, la
sujeción al principio de legalidad no es
específica del Ministerio Fiscal sino que,
en un Estado de Derecho, debe regir la
actuación de todos los poderes públicos.
En el concreto caso español, la prescripción
constitucional de que el Ministerio
Fiscal está sujeto al principio de legalidad
es en todo similar a la que la propia
Constitución establece para la Administración,
pues ésta ha de actuar (art. 103)
con sometimiento pleno a la ley y al derecho
y los tribunales controlan (art.
106.1) la legalidad de la actuación administrativa.
La sujeción del Ministerio Fiscal
al principio de legalidad no añade
gran cosa, pues, a la vinculación genérica
a dicho principio, que es predicable de
todos los poderes públicos. La sujeción al
principio de imparcialidad, por su parte,
tampoco difiere mucho de la objetividad
que se exige a la Administración pública,
y mas bien parece una concreción de dicho
principio en el ámbito específico de
un proceso inter partes.
La sujeción del Ministerio Fiscal a los
principios de legalidad e imparcialidad
cristaliza actualmente en la posibilidad de
los fiscales (art. 27 EOMF) de oponerse
razonadamente a las órdenes o instrucciones
procedentes de un superior jerárquico.
De persistir la discrepancia, el superior
no puede resolverla sin antes haber
oído a la Junta de Fiscales que corresponda;
la ratificación de la orden debe ser razonada
y debe acompañar la expresa relevación
de las responsabilidades que pudiesen
derivarse, si bien el Fiscal Jefe
puede también encomendar el asunto a
otro fiscal. Por su parte, el Fiscal General
del Estado puede negarse razonadamente
a promover las actuaciones interesadas
por el Gobierno, una vez oída la Junta de
Fiscales de sala. Éstas son las garantías
constitucionales de la legalidad e impar-
20 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n Nº 85