JAVIER TUSELL - Prisa Revistas

Lo que se exige a la política criminal
Resulta ya un lugar común destacar la exagerada
presencia de los temas propios de la
justicia penal en los medios de comunicación
social y en el debate ciudadano en general.
Se ironiza sobre los imprescindibles
conocimientos de Derecho Penal y Procesal
Penal que debe poseer todo aquel que
pretenda seguir cabalmente el desarrollo de
los temas de actualidad. Y naturalmente la
necesidad ha originado la aparición de expertos
por doquier. Sería, sin embargo,
erróneo pensar que tal fenómeno social
agota su explicación en la trascendencia social
o el carácter llamativo de determinados
casos que han acabado en la jurisdicción
criminal, singularmente todo el conjunto
de asuntos penales que proceden de los
desgraciadamente numerosos sucesos de
corrupción política y administrativa, de la
novedosa persecución de la delincuencia financiera,
o de las intermitentes noticias sobre
explotación sexual de menores de edad,
entre otros ejemplos. A mi juicio, el protagonismo
social de la justicia penal tiene
causas más profundas, sin poderse considerar
un acontecimiento transitorio.
1. Para nadie es un secreto que vivimos
en una sociedad sin auténticas alternativas
ideológicas. La ausencia de propuestas de
transformación global de la sociedad ha hecho
que la reflexión social, llevada a cabo
por intelectuales, comunicadores sociales o
simples ciudadanos, haya dirigido su atención
a conflictos valorativos de ámbito limitado,
centrados en temas concretos, y
que no implican el cuestionamiento de la
estructura social básica. Sin ánimo de menospreciar
esfuerzos intelectuales de gran
valía y probablemente muy oportunos, la
tendencia acabada de señalar resulta fácilmente
constatable en muy diferentes áreas
de reflexión. Por citar aquellas que más interesan
a nuestros efectos, se puede aludir al
actual predominio en la filosofía de las
EXIGENCIAS SOCIALES
Y POLÍTICA CRIMINAL
JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS
cuestiones éticas en detrimento de las globales
construcciones teóricas de otras épocas;
o el abandono en la ciencia política de
la confrontación entre los paradigmas
del consenso y del conflicto, en beneficio
del primero, con el consiguiente predominio
de debates orientados, no tanto a replanteamientos
sustanciales de los términos
del contrato social cuanto a la elaboración y
aseguramiento de mecanismos que permitan
obtener un verdadero consenso social
en relación con cuestiones aisladas; o la primacía
conseguida en el Derecho Constitucional
por el estudio de los diversos derechos
fundamentales y libertades públicas.
2. Este contexto ideológico ha tenido
también repercusión en la reflexión político-criminal
y en las consecuentes decisiones
legislativas jurídico-penales. En efecto,
ha sido tal situación espiritual la que ha
posibilitado que el Derecho Penal se haya
visto inopinadamente confrontado, con
una intensidad por él hasta entonces desconocida,
con la mayor parte de los conflictos
valorativos que en estos momentos interesan
y dividen a la sociedad. Determinadas
características del Derecho Penal,
algunas hoy de general reconocimiento,
otras condicionadas por ciertas contingencias
históricas, y unas últimas en buena
medida consustanciales a él, han determinado
la situación referida.
Entre las primeras ha de destacarse su
consolidación como el sector del ordenamiento
jurídico que pretende identificar y
garantizar los presupuestos auténticamente
esenciales para la convivencia. Ello le ha
obligado a elaborar un catálogo individualizado
y punitivamente jerarquizado de los
valores sociales a proteger, superado en rango
pero no en minuciosidad por el existente
en la Constitución. A tales fines se ha
servido de un instrumento técnico-jurídico,
la noción de bien jurídico protegido, en
función de cuyas exigencias conceptuales se
han precisado los contornos tutelables de
cada uno de esos valores esenciales para la
convivencia. No es casual, por tanto, que se
hayan popularizado expresiones como la
que equipara el Código Penal a una Constitución
en negativo, cuya evidente incorrección
conceptual no le impide dar cuenta
de todos modos de un trasfondo especialmente
significativo. Por lo demás, el
progresivo desarrollo en las últimas décadas
del concepto de bien jurídico protegido ha
permitido sustraer los contenidos del Derecho
Penal de justificaciones meramente formalistas,
propias del más estricto positivismo
jurídico y que se agotaban en el respeto
del procedimiento legal de creación de normas.
Por el contrario, la emergente exigencia
político-criminal de que no se puede
considerar delictiva ninguna conducta que
no lesione o ponga en peligro un bien jurídico
merecedor de protección, lo que a su
vez debe de plasmarse en la inequívoca demostración
de la dañosidad social del comportamiento,
ha dotado al Derecho Penal,
al menos en el nivel de los principios, de
unas sólidas referencias materiales.
De las segundas características cabe fundamentalmente
reseñar el fenómeno producido
tras la pérdida de las referencias
morales, que hasta hace poco obtenía la sociedad
de éticas de origen religioso, no secularizadas.
El fracaso en la consolidación
de una moral social civil y autónoma ha
conducido a que las opiniones sociales, de
modo muy extendido, equiparen los contenidos
del Derecho Penal con los de esa moral
social poco definida, y que en consecuencia
exijan a la política criminal que se
pronuncie sobre aspectos conflictivos éticos
que no son propiamente de su competencia.
Ello origina consecuencias ciertamente
indeseables, entre las que se pueden citar el
correlativo empobrecimiento de una moral
social cuyos contenidos se desenvuelven en
los estrechos límites de un Derecho Penal
que, en virtud de su carácter fragmentario,
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