JAVIER TUSELL - Prisa Revistas

LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL MINISTERIO FISCAL
ción democrática indirecta. En unos casos
esta legitimación indirecta proviene
de la designación por un poder ejecutivo
que ostenta, a su vez, legitimación democrática
directa, con intervención del legislativo:
así sucede en Estados Unidos,
donde los integrantes del Tribunal Supremo
y los jueces federales (los más relevantes
en la estructura judicial norteamericana)
son designados por el presidente
y aprobados por el Senado 1 . Este mecanismo
de nombramiento de los jueces en
un país inequívocamente democrático es,
por cierto, sistemáticamente omitido por
todos cuantos cuestionan la independencia
del Poder Judicial español a causa de
la elección parlamentaria del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), un
órgano que, sin embargo, no integra el
Poder Judicial, aunque lo gobierne o deba
hacerlo. En Iberoamérica, por su parte,
es habitual que los integrantes del Tribunal
Supremo y no pocos jueces con
funciones de importancia sean designados
por el Parlamento, el cual puede, con
frecuencia, destituirlos o no renovar su
mandato 2 . Y en la cuna del parlamentarismo,
el Reino Unido, el lord Chancellor,
que es nombrado por el primer ministro
y “que es miembro del Gabinete, es la cabeza
del Poder Judicial, y preside la Cámara
de los Lores, que es el tribunal final
de apelación en el Reino Unido… y preside
la Cámara de los Lores en su función
legislativa” 3 , dando lugar a un supuesto
de ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial por una misma persona;
además, la mayor parte de los jueces son
nombrados por el primer ministro a propuesta
del lord Chancellor.
Estas formas de designación de los
integrantes del Poder Judicial no encuentran
fácil acomodo, sin embargo, en la
cultura continental europea, tributaria en
lo jurídico del sistema romano-germánico
y en lo administrativo del sistema funcionarial.
La concepción del juez en la
1 Puede encontrarse un buen estudio del sistema
judicial norteamericano en Henry Hart, The
Federal Courts and the Federal System, Nueva York,
1988. 2 Cfr., en relación con los diferentes sistemas,
Héctor Fix-Zamudio, ‘Órganos de dirección y administración
del Poder Judicial’, en Justicia y desarrollo
en América Latina y el Caribe, Washington,
1993. 3 E. C. S., Wade y G. Godfrey Phillips, Constitucional
and Administrative Law, págs. 50 y 51,
1977. Para un estudio más detallado del régimen
del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal en el Reino
Unido; J. Ll. J. Edwards, The Law Officers of
the Crown, Londres, 1964, y R. M. Jackson, The
Machinery of Justice in England, Londres, 1972.
Europa continental es, por eso, la de un
funcionario, seleccionado a través de métodos
objetivos –la oposición– en razón
de los principios de mérito y capacidad y
que, una vez que supera el proceso selectivo,
adquiere un derecho vitalicio al
ejercicio de la función, integrándose en
lo que se denomina “la carrera judicial”,
en una curiosa –y con frecuencia problemática–
simbiosis entre lo que es un poder
del Estado, lo que se configura como
un cuerpo funcionarial y lo que personalmente
se concibe como una carrera profesional,
fundiéndose, así, el ejercicio de
un poder estatal, lo funcionarial y lo corporativo
4 .
En apoyo de este sistema es preciso
reconocer que el procedimiento de designación
por un poder democráticamente
legitimado tiene la ventaja de que otorga
al juez legitimación democrática. Pero si
la designación, como sucede en Estados
Unidos, es vitalicia, el propio carácter vitalicio
del ejercicio de la función capitidisminuye
progresivamente la legitimación,
conduciendo, incluso, a la deslegitimación:
así sucedió en los propios
Estados Unidos, por ejemplo, en la época
conocida como la del “gobierno de los
jueces”, en la que un Tribunal Supremo
designado durante una presidencia republicana
bloqueó largamente la ejecución
del programa intervencionista conocido
como New Deal e inspirado por el presidente
demócrata Franklin Roosevelt. Pero
si la designación es temporal o está sujeta
a remoción o renovación, como es
sólito en Iberoamérica, ello redunda en
perjuicio de la independencia judicial,
pues parece razonable pensar (y con ello
padecerá en todo caso la independencia
objetiva o apariencia de imparcialidad)
que el juez puede humanamente sentirse
tentado a actuar de forma satisfactoria o
complaciente para con la mayoría de la
Cámara de la que depende su pervivencia
en el cargo.
4. La sujeción a la ley como fuente
de la legitimación democrática del juez
en el sistema europeo continental
Sea como fuere, es lo cierto que en los
sistemas continentales europeos los jue-
4 Para un estudio más detallado de esta materia
puede verse Valeriano Hernández Martín, Independencia
del juez y desorganización judicial, Madrid
1991, y Manuel Martínez Sospedra, ‘El juezfuncionario
y sus presupuestos: el nacimiento del
juez ordinario reclutado por oposición (el art. 94
de la Constitución de 1896 y el sistema de la LOPJ
de 1870)’, Revista de la Cortes Generales, núm. 39,
1996.
ces carecen de una legitimación vinculada
a la fuente de su nombramiento, ya
que la superación de una oposición acredita
méritos o conocimientos pero no
imprime legitimidad alguna. Pero claro
es que quienes ejercen un poder estatal
han de gozar de legitimación democrática,
con mayor razón si se ejerce lo que
Montesquieu denominó acertadamente
un “poder terrible”, que permite disponer,
entre otros bienes de importancia, de
la libertad y la propiedad de los ciudadanos.
Esa legitimación se encuentra, en los
sistemas como el nuestro, en la sujeción a
la ley: el juez se limita a aplicar la ley, y
ésta es elaborada en el Parlamento y es la
expresión de la voluntad popular 5 .
La exclusiva sumisión al imperio de
la ley es, desde luego, una garantía de la
independencia judicial; pero es también,
no cabe omitirlo, un recordatorio de que
la independencia del juez se traduce en
inmunidad frente a cualesquiera órdenes,
instrucciones o presiones, pero no en una
libérrima voluntad personal para juzgar
según su propia conciencia: la sumisión a
la ley, al tiempo que excluye toda posible
injerencia, incluye la obligación del juzgador
de sujetarse, en el razonamiento
jurídico que le lleva a resolver un conflicto,
a un sistema de fuentes en el que ocupa
un lugar preferente la norma escrita
emanada de quien tenga competencia para
ello y, muy singularmente, la norma
emanada del legislador 6 . El juez sólo está
sometido a la ley pero, precisamente por
ello, está sometido a la propia ley. La exclusiva
sumisión a la ley tiene, pues, un
contenido liberador de cualquier posible
influencia, pero incorpora también un
contenido de sujeción al sistema de fuentes
y al patrón normativo como instrumento
fundamental de la resolución de
los conflictos. Preserva al juez de las influencias
exteriores, pero le recuerda,
también, que es un aplicador de la ley, y
no un libre creador del derecho.
La sumisión a la ley es, pues, la fuente
de legitimidad del juzgador en el ejercicio
de la función jurisdiccional. Teniendo
en cuenta que su designación no
tiene lugar por elección popular, y dada
su integración en un cuerpo de carrera, la
5 El estudio imprescindible al respecto es, en
España, el de Ignacio de Otto, Estudios sobre el Poder
Judicial, Madrid, 1989.
6 Sobre los problemas planteados por el conflicto
entre la independencia judicial y la legitimación
democrática es ya clásica la obra de Dieter Simon,
La independencia del juez, Ariel, Barcelona,
1985.
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