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En el mismo sentido, conviene plantear el verdadero significado del término automedicación, ya que la persona media no dispone de antibióticos. Estos le son suministrados por las personas a quienes se les ha permitido y confiado tal actividad. Es, por lo tanto, una conducta que resulta de la falta de ética profesional y una infracción de disposiciones legales o reglamentarias o de normas técnicas a las que deben sujetarse los profesionales y otras personas con responsabilidad similar. Sin embargo es cierto, que la automedicación ocurre también cuando el paciente utiliza medicamentos que han sobrado de tratamientos no terminados debidamente por él mismo o una tercera persona. Por supuesto, la automedicación incluye las medicinas que pueden adquirirse por canales informales amigables a fin de evitar los gastos que significa la consulta médica para obtener la prescripción y comprarlas. No obstante, en la cuantificación del problema no parece lógico atribuir a este tipo de acciones todo el peso de su gravedad. En algunos países se ha puesto en ejecución una línea de trabajo correctiva, que involucra directamente a los profesionales implicados y responsables legalmente del uso apropiado de los medicamentos. En las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas más recientes, destaca la emergencia en hospitales y clínicas de la emisión de normas técnicas y la creación de consejos técnicos, ambos dirigidos a difundir la prescripción racional de los antibióticos. También se están integrando consejos consultivos multisectoriales para determinar la política de medicamentos en cada país y se está trabajando directamente con los colegios de las diferentes profesiones involucradas. Esas acciones parecen adecuadas, pero es necesario también educar e informar al paciente o consumidor, el cual tiene derecho a conocer las normas que lo protegen del uso inadecuado de medicamentos y de la propaganda mal controlada. Sin perjuicio de esa tendencia, sería esencial que todas las personas obligadas por las normas jurídicas y de ética profesional cumplieran con todas las disposiciones de un marco jurídico obligatorio, el cual, de otra manera, no tiene razón de existir. Además, a pesar de todas las limitaciones y dificultades que ello plantea, sería indispensable ejercer una coerción ejemplarizadora que en realidad defienda los intereses de salud de las poblaciones. En torno a todos los medicamentos se desarrollan actividades criminales que han sido denunciadas y comprobadas. Entre ellas se incluyen el contrabando y 22
la venta de medicamentos no registrados, fraudulentos, alterados y vencidos. Como se ha indicado anteriormente, esas acciones no solo están sujetas a las sanciones contenidas en algunas de las legislaciones de salud, sino que son materia del área penal. Por esa razón, es necesario que las autoridades sanitarias y el poder judicial trabajen en conjunto, de acuerdo con la organización del sistema en cada país. Con base en lo anterior, pueden señalarse las siguientes recomendaciones: • Que los ministerios de salud simplifiquen el sistema normativo y promuevan su consolidación anual para evitar la proliferación de textos reglamentarios y normas técnico-administrativas. • Incluir en el expediente para el registro sanitario de cada antibiótico los datos relevantes respecto de cualquier característica distintiva que obligue a vigilar su uso en especial, sin tener que recurrir a una nueva reglamentación. • Promover una amplia difusión de las normas legales y reglamentarias sobre el uso de antibióticos, especialmente entre los profesionales y otras personas que realizan actividades con ellos relacionadas, e involucrar a las escuelas de derecho universitarias. • Establecer requisitos especiales para las personas que se desempeñan en farmacias y otros establecimientos del ramo y, si es posible, realizar un empadronamiento —como se ha hecho en algunos países— y someter a todo ese personal a un programa de educación, no solo técnica, sino de responsabilidad legal. • Acentuar el uso de la televisión y otros medios de comunicación para llevar a cabo campañas de educación en la materia, para equilibrar el peso de los programas de publicidad y promoción comerciales, así como restringir el sistema de venta de medicamentos por internet. • Si se aplican sanciones por infracciones o delitos comprobados, esas deben tener un carácter ejemplarizador y recibir la debida publicidad para conocimiento de la población. Por regla general, se ha comprobado que las multas no dan buenos resultados pues, en definitiva, quien las paga es el consumidor 23
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