Fallo completo - APDH Neuquén

e. Sobre la situación procesal de Enrique Braulio Olea.
Al respecto, la defensa denunció la arbitraria valoración de la prueba en
la que incurrió el tribunal a quo al momento de asignarle responsabilidad penal
al incuso. Para ello, recordó que el juzgador tuvo en cuenta que se verificaron los
siguientes aportes: i) el personal del Batallón 181 participó de la refacción del
centro clandestino de detención; ii) que en el Batallón se alojaban fuerzas
agregadas que provenían de unidades del interior; iii) que desde el Batallón se
proveyó alimentos; iv) que personal del Batallón efectuaba guardias externas en
el centro clandestino de detención; v) que participó del desmantelamiento de la
“Escuelita” y vi) que se efectuaban operaciones militares de patrullajes y de
seguridad.
Expresó que excepto los puntos iv) y v), las aseveraciones del tribunal
responden a los aportes efectuados por el propio imputado desde el año 1987.
En otras palabras, la información de la que se valió el sentenciante no es otra que
la brindada por el propio Olea y corroborada por otros elementos de juicio, entre
los que se destacan la declaración realizada por el General Sexton al declarar
durante el año 1987 ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Al concretar sus críticas, sostuvo que se encuentra acreditado en autos que
Enrique Braulio Olea al tiempo de registrarse los hechos materia de imputación,
se desempeñó como Jefe de Área 521 y Jefe del Batallón de Construcciones 181.
Esta situación, sin embargo, no implica que su defendido haya conocido los
hechos ni mucho menos que haya realizado aportes para su concreción. Al fundar
su posición, adujo que ha quedado suficientemente acreditado en autos que el
centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” -ubicado a 100
mts. del límite sur del Batallón 181- dependía directamente del Comando de la
Brigada VI, es decir, de la Jefatura de la Subzona 52 a cargo del General Sexton
y que Enrique Braulio Olea, entonces Teniente Coronel a cargo del Batallón 181,
no sólo no tenía jurisdicción en “La Escuelita” sino que tampoco efectuó ni
ordenó a sus subalternos que se privase ilegítimamente de la libertad a persona
alguna y menos aún se la torturara. De allí, agregó, que se descartara la autoría
-mediata o inmediata- del incuso en los hechos.