Fallo completo - APDH Neuquén

Cámara Federal de Casación Penal
Causa Nro. 10.609 “REINHOLD,
Oscar Lorenzo y otros s/ recurso
de casación” -Sala IV - C.F.C.P.
1136, del 26/2/98; causa N 1367, “Quispe Ramírez”, reg. 1897, del 18/06/99;
causa N 4170, “Carlos”, reg. 5313, del 6/11/03; causa N 4628, “Fernández”,
reg. 5972, del 27/08/04; entre varias otras). Postura que es coincidente con la
plasmada luego en el fallo “Romero Cacharane” de la C.S.J.N. (R. 230. XXXIV,
del 9/03/04), en cuanto se afirmó la vigencia del principio de judicialización de
la etapa ejecutiva de la pena.
Tal principio básico resulta armónicamente concordante con la creación
de tribunales con competencia específica en la ejecución penal (conf. causa
“Miani” ya citada). Y es justamente el Juez de Ejecución Penal el competente
para disponer las cuestiones relativas a la ejecución de la pena –las que son, por
su naturaleza, progresivas– y, en particular, el lugar de su cumplimiento.
Por ello, concluyo que es el Juez de ejecución que en definitiva
corresponda el que, una vez firme la sentencia, deberá aplicar al caso el régimen
previsto por la ley N 24.660 de la manera que estime corresponder.
VI. Efectuadas estas breves consideraciones, la sentencia recurrida, en lo
relativo al rechazo de la totalidad de los planteos propuestos por los letrados
defensores vinculados a nulidades, inconstitucionalidad y excepciones, a la
ponderación de las pruebas, la acreditación de la ocurrencia fenoménica de los
suceso ilícitos juzgados, al grado de participación que en él le cupo a los
imputados, a la determinación de su imputabilidad, a la subsunción legal
atribuida y a la individualización diferenciado de las consecuencias jurídicas del
delito, se encuentra correctamente fundada y no presenta fisuras de logicidad en
su razonamiento.
Es que las conclusiones a las que se arriba constituyen la derivación
necesaria y razonada de las constancias de la causa, y la aplicación del derecho
vigente al caso concreto, contando con el grado de certeza necesario exigido a
todo veredicto de condena, sin que las críticas que formula la defensa logren
conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido (arts. 123, 398, 404 inc. 2º,
y 470 y 471 a contrario sensu del C.P.P.N.).
Consecuentemente, adhiero al fundamentado voto del juez Borinsky.