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en autos, fiel y auténticamente, de una actividad regular cumplida mediante el relato circunstanciado de ella” (CLARIA OLMEDO, Jorge A, Derecho Procesal Penal, Ediar, Buenos Aires 1964, Tomo VI, p. 32) y, por tanto, es posible afirmar, en términos particulares, que “resulta exacto afirmar que el acta judicial [en el caso, el acta de debate] es la relación circunstanciada y por escrito de una determinada actividad procesal penal, destinada a ser introducida al proceso inmediatamente después de su cierre. En ella, debe constar el lugar de la actuación, la fecha de la misma, las personas intervinientes, el objeto por el cual se labra, las diligencias realizadas, las exposiciones verbales introducidas, las descripciones, las relaciones, observaciones, etc. y deberá ser firmada” (ob. cit. p. 33/34). Por tanto, fácil es reconocer que el acta de debate cumple, atendiendo a las exigencias que demanda para su confección el art. 394 del C.P.P.N, con la esencia de dejar constancia en autos, fiel y auténticamente, de todo aquello que aconteció en el marco del juicio propiamente dicho. Extremo, que satisface el documento sobre el que recae la impugnación, ante la ausencia de las causales de nulidad expresamente consagradas en el art. 140 del C.P.P.N. para esta clase de instrumentos públicos. Al propio tiempo, cabe hacer notar, el carácter eminentemente relativo que comporta la falta o insuficiencia de algunos de los recaudos exigidos por el art. 394 del rito, tal como se colige, sin hesitación, del último párrafo de la norma de marras. Por ende, como quedara dicho precedentemente, al haber el tribunal a quo adoptado para mayor resguardo la grabación del debate oral y público, los defectos de actuación que denuncian los recurrentes se ven subsanados ante la citada medida aseguradora. Por lo demás, en lo que respecta a que el acta de debate fue confeccionada y puesta a disposición de las partes luego de llevarse a cabo la deliberación y darse a conocer el veredicto condenatorio, cabe señalar que tal circunstancia no comporta ni la nulidad del documento público -acta de debate- ni la deliberación y decisión -veredicto- adoptado por los jueces el 18 de diciembre de 2008. En efecto, si bien es sabido que el acta debe ser confeccionada por el actuario a
Cámara Federal de Casación Penal Causa Nro. 10.609 “REINHOLD, Oscar Lorenzo y otros s/ recurso de casación” -Sala IV - C.F.C.P. medida en que se desarrolla el debate o inmediatamente después de cumplido aquél observándose las formas previstas por el art. 394 del C.P.P.N y que no es de buena práctica que su confección se postergue a la lectura del veredicto (NAVARRO, Guillermo Rafael y DARAY, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, 3 edición, Hamurabi, Buenos Aires 2008, T.2, p. 1152), esta última circunstancia no comporta su nulidad, no sólo al no registrarse ninguna causal del art. 140 del C.P.P.N, sino también al no verificarse afectación a garantía constitucional alguna, máxime cuando, además de respetarse los principios de continuidad, concentración e identidad de los juzgadores, no se abrigan dudas sobre la reserva y secreto que caracteriza la deliberación. Prevalecen, en consecuencia, los principios de especificidad, conservación y trascendencia que rigen en materia de nulidades. En consecuencia, corresponde rechazar la nulidad impetrada, pues corresponde seguir la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a que la declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (<strong>Fallo</strong>s: 295:961; 298:312), siendo inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma (<strong>Fallo</strong>s: 303:554; 322:507). Por otra parte, tampoco puede tener acogida favorable las críticas que cursa la defensa de los imputados Molina Ezcurra y San Martín respecto a la forma en que se condujo el juicio y las decisiones que se adoptaron durante su sustanciación, por cuanto las críticas que se formulan en tal sentido, se presentan como la disconformidad de la parte de las decisiones adoptadas por el tribunal a quo en el marco de las atribuciones y facultades que le otorga el ordenamiento legal (art. 375 del C.P.P.N) en orden al mérito, conveniencia y utilidad de las cuestiones observadas. Sobre el particular, recuérdese que “[i]mpedirá el presidente preguntas impertinentes, ya que ellas se formularán por su intermedio. También impedirá aquellas que en nada contribuyan a la reconstrucción histórica
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