Fallo completo - APDH Neuquén

Cámara Federal de Casación Penal
Causa Nro. 10.609 “REINHOLD,
Oscar Lorenzo y otros s/ recurso
de casación” -Sala IV - C.F.C.P.
Memoró el testimonio que prestó Raúl Radonich, Marta Inés Brasseur,
María Cecilia Ruccheto, Pedro Alfredo Trezza, Ruben Obeid, Pedro Justo
Rodríguez y Juan Carlos Venancio; sobre ello, expresó que de sus dichos no
surge la presencia de un profesional de la salud y, aún aceptando la intervención
de un médico, ni sus manifestaciones ni ningún otro elemento de juicio permite
concluir, con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio,
que aquél fue Hilarion de la Pas Sosa. Máxime cuando Sosa resulta ser una
persona oriunda de la provincia de Misiones con una marcada tonada en su habla
y ninguna referencia de este detalle efectuaron las testigos Brasseur y Ruccheto,
quien resultan ser oriundas de la zona del litoral del país.
Frente a ello, el sentenciante apeló al cargo que ostentaba Sosa -Oficial de
Sanidad del Estado Mayor Especial- y echó mano al testimonio de Fernando
Leonfanti e Isabel Trinidad Álvarez de cuyos contenidos surgen apreciaciones
personales, suposiciones y animosidad. Asimismo, adujo que el tribunal
parcializó la declaración de Albornoz, por cuanto no se extrae de los dichos del
testigo -dijo que Sosa iba “al fondo”- que el imputado concurriera al centro
clandestino de detención sino que, en su condición de Jefe de Sanidad solía
concurrir al extremo sur al Batallón de Ingenieros donde se ubican distintas
instalaciones; máxime cuando Albornoz expresó que no sabe quién prestaba
asistencia en “La Escuelita” y que nunca le pidieron medicamentos para las
personas alojadas en el lugar.
En consecuencia, señaló que no sólo no existe prueba que implique a Sosa
en los hechos inspeccionados jurisdiccionalmente, sino que tampoco se verifican
indicios útiles, unívocos y concordantes que habiliten a fundar una condena.
g. Errónea aplicación del art. 142 inciso 5 del C.P. (según ley 14.616).
Afirmó que el tribunal oral calificó los 17 casos como privación ilegal de
la libertad doblemente agravada por el uso de violencia y por su duración de más
de un mes (arts. 144, inciso 1 último párrafo, en función del 142, inciso 1 y 5 del
C.P. según ley 14.616). Sin embargo, de los hechos tenidos por probados por el
tribunal a quo, únicamente se verifican, según el recurrente, la agravante