Fallo completo - APDH Neuquén

(capítulo XI), siendo llevados de inmediato a centros clandestinos de detención
(capítulo XII), donde eran interrogados a través de distintos métodos de tortura
(capítulo XIII) y custodiados por personas distintas a los torturadores o
integrantes de las “patotas” que, por lo general, eran quienes llevaban adelante
los secuestros (capítulo XIV), donde las víctimas corrían distinta suerte: algunos
fueron puestos en libertad adoptándose medidas para que no revelen lo que les
había pasado; otros, después de cierto tiempo, fueron sometidos a proceso o
puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional ocultando el período de
cautiverio, mientras que en su mayoría, las personas privadas ilegalmente de su
libertad permanecen sin que se conozca su actual paradero o destino (capítulo
XV), registrándose casos donde fueron eliminados físicamente simulando, por
ejemplo, enfrentamientos armados (XVI).
Ello surge, con absoluta claridad, de la sentencia de la causa 13/84 de la
Cámara Federal (C.S.J.N Fallos: 309:1).
En síntesis, la crítica que se efectúa en el orden descripto, debe ser
rechazada in limine ante el plan criminal estatal acreditado en el histórico juicio
desarrollado en la causa 13/84 de la Cámara Nacional en lo Criminal Federal;
máxime cuando los casos relevados en el sub iudice se ajustan a la metodología
represiva descripta.
Por otra parte, respecto al planteo de falta de acción por prescripción, los
argumentos de los que se valen las defensa para hacer excepción al principio de
imprescriptibilidad de la acción penal para la categoría de delitos que tratamos,
tampoco puede prosperar.
En efecto, la ley 26.200 (B.O 9/1/07) implementa las disposiciones del
Estatuto de Roma y regula las relaciones de cooperación entre el Estado
Argentino y la Corte Penal Internacional (art. 1). La legislación, en su artículo
13 dispone, bajo el título “Principio de legalidad” que “[n]inguno de los delitos
previstos en el Estatuto de Roma ni en la presente ley puede ser aplicado en
violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la
Constitución Nacional. En tal caso, el juzgamiento de esos hechos debe
efectuarse de acuerdo con las normas previstas en nuestro derecho vigente”.