Fallo completo - APDH Neuquén

del deber de investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de
las graves violaciones a los derechos humanos fue reafirmada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos:
“Específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada, recientemente la
Corte precisó que el principio non bis in idem no resulta aplicable cuando el
procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución
del responsable de una violación a los derechos humanos, constitutiva de una
infracción al derecho internacional, ha sustraído al acusado de su
responsabilidad penal, o cuando el procedimiento no fue instruido
independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías
procesales. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce
una cosa juzgada ‘aparente’ o ‘fraudulenta’” (Sentencia “La Cantuta vs. Perú”,
del 29 de noviembre de 2006, apartado 153).
Del precedente de marras, destaco el voto razonado el juez Sergio García
Ramírez en tanto sostuvo que:
“9. La Corte Interamericana -al igual que otros tribunales internacionales
y nacionales- ha establecido criterios a propósito de la cosa juzgada y del
principio ne bis in idem, conectado a aquélla. La cosa juzgada y el principio ne
bis in idem sirven a la seguridad jurídica e implican garantías de importancia
superlativa para los ciudadanos y, específicamente, para los justiciables. Ahora
bien, la cosa juzgada supone que existe una sentencia a la que se atribuye esa
eficacia: definición del derecho, intangibilidad, definitividad. Sobre esa
hipótesis se construye la garantía de ne bis in idem: prohibición de nuevo juicio
sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con
autoridad de cosa juzgada (material).
10. La sentencia es el resultado del proceso, es decir, constituye la
desembocadura de una serie de actuaciones perfectamente reguladas y sujetas
a un orden garantista que establece los presupuestos del proceso y las
condiciones de validez de los actos centrales que integran éste, y en
consecuencia acreditan la legitimidad del proceso mismo como sustento de la
sentencia. El desarrollo del sistema procesal bajo el impulso de los derechos