Fallo completo - APDH Neuquén

La posición jerárquica en la cadena de mando definida por el a quo no
viene discutida por las defensas. Sí lo es, en cambio, la capacidad de mando de
los justiciables para que se lleven a cabo las conductas verificadas en autos. Para
fundar la crítica en el recurso, la defensa afirma que la sentencia presenta a los
imputados como personas que, en realidad, tenían mayor poder que el extinto
General Sexton a cargo de la Jefatura de la Subzona militar 52.
La cuestión así planteada no puede prosperar, pues independientemente
de la declaración de Fioritto de Labrune sobre la que reposa la crítica de la
defensa, la posición jerárquica de los inculpados y la prueba de cargo directa
valorada correctamente por los magistrados de la instancia anterior, echan por
tierra el distanciamiento y desvinculación de los imputados que se propone en
el recurso respecto del acontecer criminal constatado en la encuesta. Ello, en
tanto se acreditó que los imputados, a partir de la posición de privilegio que
ocuparon en la cadena de mando de la estructura de poder represiva instaurada
durante la última dictadura militar en la Subzona 52 -todos integrantes del
Comando de la Plana Mayor-, o bien participaron activamente en los hechos
materia de juzgamiento, tal el caso de Reinhold y Farías Barrera quienes tenían
capacidad para emitir y retransmitir las órdenes que daban lugar a los hechos
ventilados; o, en el caso de Pas Sosa, se comprobó que coordinó, dirigió y
supervisó la asistencia médica que se le brindaba a las víctimas que eran
sometidas a interrogatorios bajo tormentos físicos en el centro clandestino de
detención denominado “La Escuelita”.
No pierdo de vista que la defensa intenta desairar las declaraciones
sopesadas por los magistrados de la instancia anterior para acreditar la capacidad
de mando y el poder de dominio de Reinhold y de Farrías Barrera para que se
materialicen los casos que damnificaron a las diecisiete víctimas relevadas en el
sub lite. No se aprecia, sin embargo, que la inteligencia que propone el
recurrente tenga mérito para modificar las conclusiones que dan fundamento al
pronunciamiento que revisamos.
Ello es así pues, independientemente del análisis exhaustivo que se
evidencia sobre la reglamentación castrense vinculada a lo que se denominó la