Fallo completo - APDH Neuquén

No obstante ello, dado que se trata de una postura definidamente
minoritaria, puesto que la Corte Suprema ha sido categórica en estos casos que
fueron decididos por amplias mayorías, y lo mismo puede decirse de esta Cámara
Nacional de Casación Penal, habré –por razones de economía procesal y sentido
práctico para la mejor administración de justicia– de seguir la categórica doctrina
judicial (en igual sentido ver mi voto en causa N 5.196, “Marenchino, Hugo
Roberto s/ recurso de queja”, registro 9436.4, del 19/10/07; causa N 8317,
Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ recurso de queja”, registro 9272.4, del
28/09/07; causa N 8293, “Yapur, Tamer s/ recurso de queja”, registro 9268.4,
del 28/09/07), a menos que se incorporen nuevos argumentos con seriedad y
fundamentación suficiente para justificar la revisión de la doctrina judicial
vigente (Fallos: 318:2060; 326:2060; 326:1138; 327:3087, entre otros).
IV. Corresponde rechazar por insustancial el agravio relativo a la
violación a la garantía del juez natural invocada por el imputado Molina Ezcurra
en la audiencia de debate con sustento en que debió ser juzgado dentro del
ámbito de la justicia castrense, en tanto el planteo efectuado promueve el examen
de cuestiones sustancialmente análogas, mutatis mutandi, a las tratadas y
resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas
ANicolaides@ (Fallos: 323:2035), AVidela@ (Fallos: 326:2805) y AMazzeo@ (M.
2333. XLII), a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir dado que son
plenamente aplicables al sub lite y que el imputado no ha dado motivos para
apartarse de ellos.
V. Las defensas se quejaron de que el tribunal dispusiera que la condena
dictada respecto de los imputados fuera cumplida en una cárcel común, cuando
venían gozando del beneficio del arresto domiciliario.
El artículo 3 de la ley 24.660 establece, como principio básico de la
ejecución de la pena, el sometimiento al más amplio y permanente control
judicial, con la explícita finalidad de brindar una mayor protección a las
garantías constitucionales y a los derechos de los condenados no afectados por
la condena en cumplimiento (ver causa N 699, “Miami”, reg. 992, del 4/11/97;
causa N 691, “Miguel”, reg. 984, del 30/10/97; causa N 742, “Fuentes”, reg.