completo - Sociedad Argentina de Antropología

María L. Endere y Diana Rolandi – Legislación y gestión del patrimonio arqueológico...pleja distribución de competencias para no alterar el régimen de las facultades delegadas y/o lasreservadas por las provincias, que fue siempre el nudo de la cuestión en nuestro régimen federal(art. 121 de la Constitución Nacional).La norma regula minuciosamente el registro de sitios y colecciones, los deberes de losinvestigadores para la obtención de los permisos -los cuales se otorgan bajo la figura de la concesión-,así como los deberes de los propietarios de las tierras. Establece además, en su art. 13, laobligación de toda persona física o jurídica de denunciar el hallazgo efectuado en el contexto deuna obra, haciéndolo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tomeintervención. En la reglamentación de este artículo el Decreto Reglamentario establece que:Las personas físicas o jurídicas, responsables de emprendimientos deberán prever la necesidadde realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectareventuales restos, yacimientos, u objetos arqueológicos o paleontológicos. De verificarsesu existencia deberán facilitar el rescate de los mismos. Las tareas que se realicen al efectodeberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional. Si en el curso de ejecuciónde obras públicas o privadas, que impliquen movimientos de tierra, se hallaren fósiles uobjetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones o zonas constituyenyacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, que por su tamaño, valoración patrimonial,científica y/o estado de preservación requieran de especial cuidado, protección absoluta oparcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación jurisdiccional podrásolicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de adoptar medidas tendientesa lograr la suspensión de las obras o proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso(art. 13 in fine).Se prevé además una serie de limitaciones a la propiedad privada en relación a los yacimientosy objetos arqueológicos tales como la servidumbre, la ocupación temporaria y la expropiación.Se regula la salida del país de bienes arqueológicos a través de los certificados de exportación.Finalmente las disposiciones sancionatorias brindan importantes herramientas para la gestión delpatrimonio a nivel nacional y ofrecen un marco normativo de referencia para las provincias queimplica un cambio sustancial respecto de la Ley 9.080.Varios aspectos de la ley han sido cuestionados. La autorización para la transferencia a títulooneroso de colecciones arqueológicas o paleontológicas formadas antes de la vigencia de la leyy registradas dentro de los 90 días de su promulgación (arts. 19 y 20) generó en su momento unáspero debate. A ello se suman serios problemas de redacción, fruto de sucesivas modificacionesdel texto original, sobre todo en la parte relativas a las sanciones previstas por la ley (e.g. arts. 39y 46), que impide aplicar las sanciones penales más severas, en virtud del principio de la ley penalmás benigna Sin embargo, la objeción más importante que se le ha hecho es la de no contemplarexpresamente el derecho de participación de las comunidades indígenas en relación con su patrimoniocultural, una cuestión que ha generado diversos reclamos por parte de representantes depueblos originarios.El tráfico de piezas arqueológicas y la Ley 25.743Hasta junio de 2003, la Argentina en general y Buenos Aires en particular, fue el lugarpreferido por los traficantes y expoliadores de la cultura de los pueblos originarios de América,pues mientras en todos los demás países se imponían severas restricciones a la exportación delos bienes arqueológicos y paleontológicos, declarada siempre y en todos ellos como ilegal, aquíregía -de hecho- la mayor libertad para movilizarlos, siendo Buenos Aires el puerto de salidapara cualquier destino del mundo (ver Schávelzon 1993, 2002). Las fuerzas de seguridad y las45