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Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIIsean satisfactorias”, en virtud de las facultades concurrentes establecidas en el art. 7 de la Ley25.743 y de lo establecido en el art. 6 del Decreto 1.022.En suma, la nueva normativa nacional genera una base mucho más sólida para combatirel tráfico ilícito, sin embargo resta aún librar varias batallas en el ámbito judicial, ya que no secuenta con ninguna sentencia firme en las causas iniciadas. La frialdad inicial con la que fuerecibida la noticia de la sanción de la norma por parte de las autoridades de cultura provinciales,fue paulatinamente superada -a excepción de la provincia de Córdoba-, cuando comprendieron laimportancia que esta revestía sobre todo en relación al registro de los bienes arqueológicos comomecanismo para proteger el patrimonio provincial.LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA AGENDA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOSConforme al art. 5 de la Convención para la protección del Patrimonio Mundial Natural yCultural de 1972, ratificada por Ley 21.836/78, los Estados partes se obligan a:1. Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural unafunción en la vida colectiva.2. Integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general.3. Contar con servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio culturaly natural con personal idóneo.4. Desarrollar estudios e investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervencióny proveer entrenamiento a profesionales.5. Adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras necesarias.Como puede observarse, estas obligaciones constituyen una excelente síntesis respecto decuál debería ser la agenda de los Estados en materia de patrimonio.En relación al marco normativo, no cabe dudas de que la reforma constitucional de 1994abrió un nuevo camino en materia de protección del patrimonio al darle al patrimonio culturalrango constitucional, resolver los conflictos entre Nación y provincias y otorgarle a los habitantesuna acción judicial (i.e. la acción de amparo, art. 43) para su defensa. A su vez, la inclusión delpatrimonio cultural y natural en un artículo íntegramente dedicado al ambiente (art. 41), resultasignificativa y refleja la nueva tendencia a la integración de ambos patrimonios. No obstante, laagenda de los próximos años sigue siendo la sanción de una ley marco de la cultura que sientelas bases para la organización de una administración cultural integrada, compatible y coordinadacon la preservación del patrimonio natural.Bajo el paraguas de una ley general marco, defendemos la idea de mantener una norma específicapara el patrimonio arqueológico dada la especificidad antes mencionada. La cuestión acercade la conveniencia de sancionar normas separadas y específicas para el patrimonio arqueológicoy paleontológico merece al menos un debate entre especialistas de ambas disciplinas. A prioripuede observarse que existen aspectos vinculados con la índole cultural y étnica del patrimonioarqueológico, incluidas las relativas a los recaudos éticos en relación a los restos humanos, queson enteramente ajenos al patrimonio paleontológico. A su vez la protección de los yacimientosy restos de diferentes tipos de fósiles, vertebrados e invertebrados, reviste una complejidad talque ameritaría un tratamiento legal particular.Es necesario además contemplar la protección del patrimonio cultural dentro de los planes deordenamiento territorial y de desarrollo, particularmente el turístico, a nivel nacional, provincial ymunicipal. Cabe destacar que en el 2004 se lanzó un plan nacional de ordenamiento territorial denominado“Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.Construyendo una Argentina equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa” (Subsecretaríade Planificación Territorial y de la Inversión Pública, Ministerio de Planificación Federal, InversiónPública y Servicio). Entre sus objetivos generales se contempla el de “desarrollar la identidad48