2. - Academia de la Llingua Asturiana

hornacina y peanas. Bastaría con que una simple disposición reglamentaria delEstado acuñara una asignatura preceptiva de carácter dialectológico local, paraque la cautela del artículo 4Q del Estatuto asturiano se viera desbordada. Laenseñanza de las lenguas y modalidades no oficiales es frecuente, en experienciascomparadas, que sea voluntaria. Sin embargo ello nada tiene que ver con la esenciade la oficialidad, ya que todo bien cultural debe mantenerse por encima de sucalificación jundica concreta. Por otro lado, en esa voluntariedad no existe uncriterio unánime. El artículo 3.4 del Estatuto catalán dice del aranés, que "seráobjeto de enseñanza", sin mención alguna a la voluntariedad. Y en Italia, comoes conocido, la lengua ladina, en la región del Trentino-Alto Adigees usada en las escuelas maternales y enseñada en lasescuelas elementales de las localidades ladinas. Tal lenguaes, además, usada como instrumento de enseñanza en lasescuelas de todo orden y grado de dichas localidades. Entales escuelas la enseñanza será impartida, sobre la base deuna paridad en horas y exámenes finales, en italiano yalemán (ari. 19).Por tanto no encontramos obstáculo alguno para la generalización de laenseñanza del asturiano, ni creemos que el Estatuto del Principado hayareconocido, con la voluntariedad de aprendizaje, un derecho consubstancial a laexistencia cie un soio idioma oiiciai.-Por lo que se refiere al artículo 10.1 n) del Estatuto asturiano, queda clarala competencia exclusiva del Principado para fomentar y proteger el bable en susdiversas variantes. Esa exclusividad supone que, aún siendo limitadas lasatribuciones sobre el asturiano, éstas, en principio, sólo corresponden a los órganosregionales. Naturalmente, en cuestiones como la enseñanza o la difusión delasturiano en medios supracomunitarios, se requiere el acuerdo con la entidadtitular de la atribución. Pero la previsión por la Comunidad Autónoma de estefomento suprarregional del bable no es en absoluto inconstitucional siempre quese realice de común acuerdo entre las Administraciones afectadas y respetandolos modos peculiares de organización, tal como ya sentenció el TribunalConstitucional en Sentencia 82 / 1986 de 26 de junio. Por ello no deja de extrañarla no admisión a trámite por la Junta General del Principado (el 27 de abril de1988) de una proposición de Ley acogida al procedimiento de iniciativa popularcontemplado por la Ley autonómica de 5 de junio de 1984. Dicha Ley sólo