Buenas, malas o raras. Las leyes mexicanas de fiscalización superior

un importante equilibrio de pesos y contrapesos en la relación Auditoría-Cámara de Diputados. 5En efecto, los diputados no avalaban la formulación o solventación de las observaciones y accionesgeneradas. Esta atribución la ejercía de manera autónoma y bajo su más estricta responsabilidadla EFS, por medio del examen y análisis de la información y documentación comprobatoria yjustificativa del gasto recabada en las auditorías, visitas e inspecciones a las entidades fiscalizadas.Por ejemplo, conforme a la fracción IV del mismo artículo 79, la EFS de la Federación tiene a su cargoel determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública federal o al patrimonio de losentes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sancionespecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes la imposiciónde otras responsabilidades.Por su parte, el anterior reglamento interior de la ASF establecía como atribucionesdel auditor superior formular las recomendaciones y los pliegos de observaciones que derivarande los resultados de la revisión de la cuenta pública (artículo 5°, fracción X); autorizar los pliegosde observaciones que procedieran (artículo 6°, fracción VII); autorizar la solventación de lasrecomendaciones formuladas a los entes auditados con motivo de las revisiones practicadas por laASF y que hayan sido plenamente atendidas (artículo 6°, fracción VIII); fincar las responsabilidadesa que se refiere la LFSF; y solventar los pliegos de observaciones (artículo 6°, fracción XXII).Lo anterior significaba que la autonomía técnica y de gestión de la ASF en el ejerciciode sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones,operaba también frente a los diputados. En resumen, la ley no facultaba a éstos a formular o solventarobservaciones o acciones. La participación de los diputados en el “Informe del resultado de la revisióny fiscalización superior de la cuenta pública” se realizaba a través de la mesa directiva de la Comisiónde Vigilancia, la cual, por disposición de la fracción V, del artículo 65 de la LFSF tenía atribuciones paracitar al auditor superior de la Federación para conocer en lo específico dicho informe.5Parece ser que existe una confusión sobre la facultad que tenía la Cámara de Diputados para aprobar la cuentapública. De acuerdo con Haydee Pérez y la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, la LIX Legislatura nodio cumplimiento en tiempo y forma a esta “supuesta” obligación, por lo que la actual Legislatura tuvo que asumirla responsabilidad de analizar las cuentas públicas de 2002, 2003 y 2004. Haydee Pérez (2009) afirma que unavez que la ASF remitía el “Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública”, éstese turnaba a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir un dictamen para su votación en el plenoa más tardar seis meses después de su recepción, lo cual, para la cuenta pública de 2002, debió haber ocurridoel 30 de septiembre de 2004; sin embargo, señala que las y los integrantes de la Comisión no lo hicieron conalguna de las cuentas. Lo anterior lo sustenta Haydee Pérez (2009) con los artículos 74 y 79 constitucionales; 18,30 y 32 de la LFSF; 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 y 81 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, alanalizar dichas disposiciones se puede ver que en éstas nunca se habla de la aprobación del citado informe deresultados por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ni mucho menos por parte del pleno de laCámara de Diputados. Los artículos 74 y 79 de la Constitución, así como el 18, 30 y 32 de la abrogada LFSF serefieren al “Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública” que la ASF remite a la Cámarade Diputados, en tanto el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,en su numeral 5 (que es el único que se relaciona), hace alusión a que las comisiones ordinarias, con base en losinformes que rinden el Poder Ejecutivo federal y las demás entidades fiscalizadas, deben dar opinión fundadaa la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a más tardar sesenta días después de la recepción de dichosinformes, para hacer aportaciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre aspectos presupuestariosespecíficos y para que sean consideradas en la revisión de la cuenta pública; es decir, no para aprobar el informede resultados que envía la ASF. Los artículos 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos se refieren a la obligación de la Comisión de Presupuestos y Cuenta depresentar un dictamen de la cuenta pública que remite el Ejecutivo federal dentro de los treinta días siguientes; esdecir, no sobre el “Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública” que envía laASF, además de que las fechas no coinciden. El diputado Mario Alberto Salazar Madera, del grupo parlamentariodel PAN, en su intervención en el pleno de la Cámara de Diputados, el 15 de abril de 2009, reconoció que“…nuestro máximo entramado legal aplicable en su momento no suscribía de manera expresa facultad alguna a laCámara de Diputados para que se dictamine la cuenta pública”. Concluye el diputado diciendo que “ni la normageneral ni la legislación secundaria —hasta este momento— habla de que nosotros como diputados tendremosque dictaminar la cuenta pública”.La politización de la revisión de la cuenta pública119Jorge Chaires Zaragoza