Buenas, malas o raras. Las leyes mexicanas de fiscalización superior

En la tabla 3 observamos que 22 estados reproducen los cinco principios que regiránel desarrollo de la fiscalización superior, conforme a los artículos 116 y 122 constitucionales. En lamayoría de estos estados se añaden otros principios; sobresale Jalisco con un exceso de ellos. Enotros casos, se prevé alguno o algunos de los cinco principios obligatorios, a excepción de Puebla yYucatán, que no consideran alguno en sus disposiciones legales.No podemos dejar de expresar nuestra perplejidad respecto a la intención de loslegisladores de elevar a la categoría de principios, y con rango constitucional, algunas características oactitudes deseables en las actividades técnicas de la fiscalización superior. Un principio —entendidocomo un principio de derecho o principio general de derecho—, en su acepción más elemental, esuna norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general yconstante aceptación de jurisconsultos y tribunales. 6Haciendo un esfuerzo para interpretar la disposición de los artículos 116 y 122constitucionales, cabría entender a los principios que ahí se enuncian “en el sentido de normadirigida a los órganos de aplicación jurídicos y que señala, con carácter general, cómo se debeseleccionar la norma aplicable, interpretarla, etc.” (Atienza y Ruiz Manero 1991: 104), pero nopodemos entenderlos como principios en sentido estricto, es decir, como normas que expresan losvalores superiores de un ordenamiento jurídico, a excepción del de legalidad, que no hay necesidadde repetirlo, pues es el principio por antonomasia de un Estado de derecho, reconocido comorector de todo acto de autoridad o administrativo y que, además, se establece en los artículos 14,16 y otros de nuestra Carta Magna (Salazar 1998). Elevar a normas constitucionales, disposicioneso directrices jurídicas que pueden ir en otros ordenamientos con menor rango jerárquico, se estávolviendo una costumbre poco meditada de los legisladores federales y estatales. Por otro lado, nopor estar un mandato u orden en la Constitución, se va a cumplir obligadamente.¿Armonización o mediocridad para las entidades de fiscalización superior locales?Cumplimiento y efectos de la reforma constitucional federal de 2008Aimée Figueroa Neri, Norma Alicia Díaz Ramírez, María Imelda Murillo Sánchez1356Definición del Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, vigésima edición, 1992.