Buenas, malas o raras. Las leyes mexicanas de fiscalización superior

se pacta entre los representantes de las distintas facciones políticas colocados enlos estamentos superiores de dichas instituciones fiscalizadoras. Y lo que resultalamentable —afirma el consultor internacional— el informe de auditoría respectivo,aunque haya sido elaborado con rigor técnico y objetivo por los auditores de abajo,es sometido a escrutinio político, ajustes cosméticos que lo desvirtúan, e inclusovetado, por los de arriba (González-Malaxechevarría 2002).En el mismo sentido, Jim Wesberry considera que las instituciones superiores deauditorías pierden credibilidad en directa proporción a su grado de politización. Para el director delproyecto Atlatl es recomendable que estas instituciones dependan de una comisión del legislativo,pero a la vez cree que tienen que establecer un muro que las proteja contra la tentación de loscongresistas de aprovecharse de los poderes de las instituciones superiores de auditorías para finespolíticos.Por su parte, Jacek Mazur y Brian Vella 10 piensan que, idealmente, existe una relaciónsimbiótica entre una ESF y el parlamento al cual informa, y afirman que estas dos importantesinstituciones, aunque separadas, tienen roles de apoyo mutuo para garantizar un gobierno efectivo.Afirman que:…el parlamento puede desempeñar sus funciones vitales de control con mayorefectividad cuando usa y puede confiar en el trabajo de auditoría de la entidadfiscalizadora. De manera similar, una entidad fiscalizadora puede ser muchomás efectiva cuando su parlamento le ofrece un foro para la presentación y ladiscusión de los importantes resultados de sus auditorías y es un aliado potencialpara que asuma o anime intensamente a otros para que emprendan accionescorrectivas apropiadas (Mazur y Vella 2003).Se sabe que los resultados de las auditorías pueden tener serias implicacionestanto jurídicas como políticas y económicas, que no se pueden soslayar. Como se vio, la ASF, pordisposición constitucional, tiene atribuciones para determinar los daños y perjuicios que afecten ala Hacienda Pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, y fincar directamentea los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. Además, hayque considerar que actúa de oficio o a instancia de la Cámara de Diputados en la revisión dela cuenta pública. Es decir, no se requiere denuncia previa para poner en marcha la maquinariafiscalizadora, lo cual lo convierte en un órgano supremo de fiscalización con un poder de actuaciónmuy importante.La politización de la revisión de la cuenta pública123Jorge Chaires ZaragozaAhora bien, se debe reconocer también que el órgano de fiscalización está envueltoen un ambiente político del cual no puede desprenderse del todo. Sería ingenuo pensar en un órganodel Estado aislado de la vida política del país. Se puede decir, por lo tanto, que independientementede las garantías jurídicas consagradas en la Constitución para asegurar su autonomía, estarásometido, de manera invariable, a presiones de carácter político por parte de los otros poderes delEstado, incluso de los poderes fácticos. No se puede pensar en el aislamiento absoluto del auditorsuperior de la Federación. Considerar la autonomía como un valor absoluto equivale a propugnar10Jacek Mazur es asesor del presidente de la Cámara Suprema de Control de Polonia, y Brian Vella, asistentepersonal del auditor general de Malta.