Buenas, malas o raras. Las leyes mexicanas de fiscalización superior

y sanciones pecuniarias, además de la promoción ante las autoridades competentes de otrasresponsabilidades (civiles, administrativas y penales). Cabe resaltar, una vez más, que estasdisposiciones no son atribuciones optativas de la ASF; son parte de su mandato constitucional y elno cumplirlo es causa de remoción del auditor superior. La ASF ha cumplido con este mandato ytras ocho años de su creación, el resultado de las actuaciones al amparo de éste puede verse comoun logro para la dimensión punitiva de la rendición de cuentas (Schedler 2004: 33 y 34), 14 ya que,según se reporta en su sitio web, se han realizado 31 denuncias de hecho al ministerio públicofederal y efectuado resarcimientos al erario público por 33 717.8 millones de pesos. 15No obstante estos interesantes datos y como sustento a mi reticencia sobre el temade las facultades sancionadoras y el efecto perverso en la imagen de la ASF, de las denuncias penaleshay cinco acumuladas; otras están en trámite de juicio de amparo; dos se registran como “bajas”por el no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público federal y, como advierte elpropio auditor superior, ninguna resolución se ha obtenido de tales denuncias. 16 Al contrario, loque considero como un impacto positivo de la legislación es el fincamiento de responsabilidadesresarcitorias por los daños y perjuicios descubiertos por la ASF.6. Vigilancia entre poderes públicosSiguiendo a Chaires Zaragoza (2008: 73), la soberanía popular se deposita en el PoderLegislativo y éste tiene, entre sus deberes, el control gubernamental desdoblado en tres controlesprincipales: legislativo, político y presupuestario. En este sentido, señalé al inicio de este trabajo eldeber público de la revisión de la cuenta pública que toca a la Cámara de Diputados; he partidode la noción de la delegación de este deber en la facultad de fiscalización superior de la ASF. Hastaaquí parecen adecuadas las disposiciones constitucionales y de la ley, con la advertencia de que enotras latitudes (Figueroa Neri 2007: 237) ese deber no lo tiene en exclusividad una cámara.Sin embargo, se ha perdido en gran parte el espíritu de vigilancia y control que debetener la Cámara de Diputados sobre los sujetos fiscalizados, en parte por el temor de un exceso deautonomía para la ASF, originado por las disposiciones legales que crearon la Comisión de Vigilanciade este órgano y la UEC que auxilia a dicha comisión; en parte también por los yerros y la erróneainterpretación de las disposiciones legales en la práctica parlamentaria.Comienzo por la ausencia —ahora ya subsanada con la reforma del 7 de mayo de2008— de disposiciones legales que vinculen en forma precisa y útil a la Comisión de Presupuesto yCuenta Pública con la Comisión de Vigilancia; actualmente, esta comisión prepara el dictamen quese somete al pleno de la Cámara, con el cual concluye su revisión de la cuenta pública. 17Aciertos y yerros de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación39Aimée Figueroa NeriPor otra parte, no había tampoco un plazo para que la Cámara concluyera esteproceso de revisión, lo que contribuía al problema que Haydee Pérez ha sintetizado como un“escenario perfecto para inhibir una rendición de cuentas efectiva, confiable y sostenible”,configurado con cuatro elementos: no hay un conjunto de incentivos para inhibir las malas prácticas14La literatura en inglés la denomina enforcement.15Datos tomados de www.asf.gob.mx, v.i., 11 de julio de 2009.16Intervención del auditor superior de la Federación en la “Reunión de recomendaciones y conclusiones del análisisal informe de resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007”, 4 de junio de 2009.17Tras un periodo para la regularización que estableció la reforma del 7 de mayo de 2008, se encuentran losdictámenes de las cuentas públicas correspondientes a los años 2002 a 2005 en el micrositio web de la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/029_presupuesto_y_cuenta_publica/005_cuentas_publicas, v.i., 18 de julio de 2009.