recuperar terreno

en el tema autopistas y los caminos
rurales, en el transporte fluvial y
dónde colocar zonas de transferencia
para cargas, cómo abastecer a las ciudades
del futuro y así sucesivamente.
• Navajas: Hay tres áreas prioritarias.
Una tiene que ver con la infraestructura
urbano-ambiental e involucra
saneamiento, vivienda, transporte y
energía urbana. Otra, con la infraestructura
interurbana de personas y
cargas, pero orientada esta última a
que se destrabe el cuello de botella
de la producción del sector transable,
por ejemplo el de agronegocios en
particular. Y la tercera es la energética.
• Tesler: la prioridad habrá que ponerla
sobre el análisis regional, que es el
que determina los rubros y cadenas
productivas prioritarias, en función
de su aporte al PBI, generación de
empleo, impacto socioeconómico y
demanda de infraestructura.
Francisco Mezzadri:
“Si las grandes decisiones de inversión
en Vaca Muerta ocurrieran hacia finales
de esta década, será imprescindible
la rápida construcción de bases
logísticas de nivel internacional en
comunicaciones, caminos, medios de
transporte terrestre, ferroviario, aéreo,
así como desarrollos urbanos”.
Fernando Navajas (FIEL):
“Para recuperar el terreno
perdido, hay que cambiar de
raíz el paradigma”.
Ante tamaña agenda, en cantidad y variedad
de prioridades, el interrogante que
surge es la necesidad de identificar a los
actores que deberán encarar la tarea de
recuperación. ¿El sector público, el privado
o ambos?, se les pregunta.
Con mayor o menor énfasis y de modo
mayoritario, los entrevistados marcan
que la responsabilidad de la planificación
debe pasar necesariamente por el Estado,
aunque en todos los casos se ponderaron
los aportes que podrían hacer los privados
y se descuenta que la recuperación
surgirá del trabajo conjunto entre sectores.
No obstante, Navajas, Mezzadri y
Chambouleyrón marcaron algunos reparos,
debido al “maltrato sufrido” por muchas
empresas concesionarias de varios
rubros durante el pasado reciente.
“Se requiere una combinación de ambos
sectores, dadas las condiciones de partida
y también las renuencias del sector privado
a participar en un contexto como el
argentino”, subraya con cuidado el economista
de FIEL. Otro de sus colegas es
más drástico en sus dudas: “ciertamente,
en un momento del pasado, el sector privado
contribuyó a reparar la destrucción
del capital público invertido en áreas importantes
de la infraestructura, pero cabe
preguntarse en qué medida desplegará
otra vez su vocación de asumir el riesgo
argentino, aunque la demanda de inversión
insatisfecha sea considerable y diversificada”,
reflexiona Mezzadri.
Chambouleyrón recuerda que a diferencia
de cualquier otro sector, encarar
negocios de infraestructura para el sector
privado conlleva “un componente
adicional de riesgo” porque si bien “son
sectores monopólicos con inversiones
hundidas (sin uso alternativo una vez
hechas) que se recuperan en largos períodos
de tiempo, lo cual implica un riesgo
de expropiación futura por parte del Estado,
dependen de tarifas y reglas fijadas
por los gobiernos”.
Según el experto, lo que puede llegar
a suceder es que “para compensar ese
riesgo de expropiación, que ya ocurrió
durante estos últimos años, los inversores
privados seguramente van a exigir
ex-ante rentabilidades muy superiores a
las históricas y a las de otros países de la
región, lo cual tornará las inversiones en
excesivamente caras y podría exacerbar el
riesgo de nuevas expropiaciones”.
La preocupación por el tema está presente
aunque, pese a todas esas prevenciones y
con una propuesta de avanzar en políticas
de Estado que podrían tranquilizar, Castro
propone rearmar una “infraestructura
adecuada que sea la columna vertebral de
una economía próspera” ya que, sostiene,
esa premisa “deberá formar parte de un
modelo de desarrollo integral que trascienda
a un partido o gobierno”. Según el
director del Área de Desarrollo Económico
del Cipppec, “la naturaleza de estas inversiones,
de largo plazo y de alto riesgo,
requiere de consensos políticos y sociales
que permitan aplicar políticas esenciales
para facilitar la inversión pública y estimular
la inversión privada”.
mayo-junio de 2015 • 15