recuperar terreno

de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las
condiciones de empleo”.
La Recomendación Nº91 (1951) de la OIT sobre los convenios
colectivos, que no tiene la naturaleza supra legal de un
tratado internacional (y por lo tanto no se somete a ratificación
como los convenios de esa Organización), promueve la
asistencia del Estado a las partes en la negociación, concertación,
revisión y renovación de contratos colectivos.
Las partes mencionadas deben estar debidamente autorizadas
conforme al sistema legal nacional. (En nuestro caso, las
leyes 23.551 de asociaciones sindicales y la 14.250 y complementarias
sobre convenios colectivos).
Por primera vez en esta Recomendación Nº 91, un documento
de la OIT se refiere a la extensión a otros sujetos de los
alcances de un convenio colectivo de trabajo. Admite que
afecte a trabajadores y empresas que no han intervenido por
sí o por representación, con carácter excepcional.
Con respecto a la extensión de los contratos colectivos. sus
puntos principales dicen: 5. 1) Cuando ello fuere pertinente
– y habida cuenta a este respecto del sistema de
contratos colectivos en vigor -, se deberían adoptar las
medidas que determine la legislación nacional y que se
adapten a las circunstancia propias de cada país, para
extender la aplicación de todas o ciertas disposiciones
de un contrato colectivo a todos los empleadores y
trabajadores comprendidos en el campo de aplicación
profesional y territorial del contrato. 5.2) La legislación
nacional podrá supeditar la extensión de un contrato
colectivo, entre otras, a las condiciones siguientes: a)
el contrato colectivo debería comprender desde un
principio un número de empleadores y de trabajadores
interesados que, según la opinión de la autoridad
competente, sea suficientemente representativo; b) La
solicitud de extensión del contrato colectivo debería,
por regla general, formularse por una o varias organizaciones
de trabajadores o de empleadores que sean
parte en el contrato colectivo; c) Debería darse una
oportunidad a los empleadores y a los trabajadores a
quienes vaya a aplicarse el contrato colectivo para que
presenten previamente sus observaciones”.
En lo que hace a la necesaria publicidad, esta Recomendación
promueve que los empleadores adopten medidas adecuadas
con el objeto de poner en conocimiento de los trabajadores
el texto de los contratos colectivos que les sean aplicables.
(Art. 8º)
En 1981 la OIT aprobó el Convenio sobre la negociación
colectiva Nº 154, ratificado por la ley 23.544, aplicable a
todas las ramas de actividad económica. Tiene la particularidad
de que asigna prevalencia al cumplimiento de esta
norma internacional a través de contratos colectivos, laudos
arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica
nacional, respecto de la vía legislativa, recién procedente en
su ausencia.
La Recomendación Nº 163 de ese mismo año 1981, dice
en su capítulo II relativo a Medios para fomentar la negociación
colectiva: “II.3.b) en los países en que las autoridades
competentes apliquen procedimientos de reconocimiento
a efectos de determinar las organizaciones
a las que ha de atribuirse el derecho de negociación
colectiva, dicha determinación se base en criterios objetivos
y previamente definidos, respecto del carácter
representativos de esas organizaciones, establecidas en
consulta con las organizaciones representativas de los
empleadores y de los trabajadores”.
En lo relativo a los niveles de la negociación recomienda que
“en caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas
a las condiciones nacionales para que la negociación
colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel,
y en particular a nivel del establecimiento, de la empresa,
de la rama de actividad, de la industria y a nivel
regional y nacional” (artículo 4º.1).
Agrega que “en los países en que la negociación colectiva
se desarrolle en varios niveles, las partes negociadoras
deberían velar por que exista coordinación entre
ellos” (4º.2).
Reviste interés para nuestra práctica nacional el punto II.6:”
Las partes en la negociación colectiva deberían conferir
a sus negociadores respectivos el mandato necesario
para conducir y concluir las negociaciones a reserva de
cualquier disposición relativa a consultas en el seno de
sus respectivas organizaciones”.Entre otras sugerencias
de este documento el punto 7.1) menciona que “en caso
necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para que las partes dispongan
de las informaciones necesarias para poder negociar
con conocimiento de causa”.
La experiencia en la Argentina
La mencionada ley 14,250; la ley 23.546 de procedimiento
para la negociación colectiva, y sus respectivas reglamentaciones,
contemplan y recogen estas recomendaciones adaptándolas
a nuestras particularidades, en especial, el sistema
de asociaciones sindicales con personería gremial y la escasa
precisión en lo que respecta a la participación de las organizaciones
de empleadores.
No obstante, la práctica de la negociación en nuestro país
ha demostrado que es necesario “institucionalizar” el diálogo
social, la consulta tripartita en determinados temas, la
información necesaria para la negociación, las pautas que
representen criterios objetivos para definir las respuestas al
interés general y la elemental autonomía de los actores sociales
frente al Estado.
Cuando una autoridad asume personalmente el papel excluyente
de intérprete de los alcances del interés general al que
hace referencia la ley 14.250, sin aportar los datos que lo justifican,
no solamente compromete el sano desenvolvimiento de
una institución social y jurídica consagrada como lo es la negociación
colectiva, sino que pone en riesgo cierto la eficiencia
del sistema democrático descentralizado y participativo
que la ha venido consagrando y que se refleja en las garantías
establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La negociación colectiva es el principal método de participación
y resolución de conflictos, por lo que no debe ser
desvirtuado ni transformado por la autoridad en un simple
gesto ante la opinión pública.
(*) Abogado laboralista y asesor de empresas. Las opiniones
son vertidas a título personal.
mayo-junio de 2015 • 55