recuperar terreno

Columnista
por Carlos
HF. Echezarreta (*)
54 • mayo-junio de 2015
Límites para
una negociación
colectiva
eficiente
asta la sanción de la ley
14250 (B.O. 20/10/1953) no
existía un régimen legal relativo
a la negociación colectiva
en nuestro país y, por ende, a
su producto, el convenio colectivo,
de alcances distintos a
los contratos propios del derecho
común.
La nueva figura jurídica se fue imponiendo como una necesidad
ante los requerimientos prácticos de las relaciones laborales
modernas. En los contratos del derecho civil y comercial
los compromisos asumidos obligan a los firmantes, que lo
hacen por sí o por representación.
En esa figura nueva del derecho que fue el convenio colectivo
de trabajo, los países democráticos paulatinamente
fueron reconociendo la posibilidad de que representantes de
los trabajadores y de las empresas establecieran condiciones
de trabajo con alcances que iban más allá de su propia personalidad.
Surgían dudas sobre la facultad de comprometer
a terceros; más aun obligando a empresas inexistentes a la
fecha de la firma o que podían no estar desarrollando una
actividad alcanzada por ese instituto colectivo al momento
de su negociación por terceros.
¿Cuál era la naturaleza de ese vínculo llamado “contractual”?
También la doctrina se interrogaba cómo podía considerarse
con suficiente publicidad un convenio colectivo de
trabajo para presumir su conocimiento por los obligados.
Hasta entonces, por tratarse de una figura que pretendía
obligar a terceros que no suscribían el contrato ni otorgaban
formal derecho de representación, se trató de respaldar
la obligatoriedad y publicidad de algún acuerdo de alcance
general mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional
que lo declaraba y daba lugar a su publicación en el Boletín
Oficial, requisito constitucional para sostener su vigencia.
(Así ocurrió con el convenio para empleados de comercio Nº
108/1948).
La ley 14.250 de 1953 instituyó la figura de la “homologación”
(que es un acto administrativo que reconoce el alcance
para los firmantes y no firmantes de un acuerdo, comprendidos
en su ámbito de actividad y territorio determinados);
legitimó a ciertos actores sociales para su negociación; fijó
un procedimiento y aseguró su registro y publicidad. Dice el
artículo 4º de esta ley: “Será presupuesto esencial para
acceder a la homologación, que la convención no contenga
cláusulas violatorias de normas de orden público
o que afecten el interés general”.
La figura de los convenios colectivos de trabajo es el producto
de la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores.
Es el resultado de un diálogo e intercambio de obligaciones
entre los actores sociales, que llevan a cabo personas legitimadas
que obligan al resto y asumen el papel de gestores más
que de mandatarios. Operan esos convenios como una ley
respecto de los trabajadores y empleadores abarcados.
Desde el lado empleador, puede ser suscripto por organizaciones
de empleadores, empresas o grupos de empresas.
Cuando el convenio es de alcance colectivo para las empresas
de una actividad y territorio que exceda la obligatoriedad
según las reglas de la representación propias de las relaciones
civiles, el sistema laboral recogido por la ley 14.250 asume
la existencia de una representación de intereses distinta
a las del derecho común. Para ello se requiere la homologación
previa emanada de una autoridad competente de la
administración pública. En nuestro caso es el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, según la
citada ley 14.250 y sus modificaciones posteriores.
Es por ese alcance colectivo que el órgano administrativo
debe expedirse sobre la legalidad de su contenido y, como
dice la ley 14.250, asegurarse de que sus cláusulas no afecten
el interés general ni violen normas de orden público.
Cuando la aplicación de un convenio colectivo alcanza solamente
a una empresa o a un grupo de empresas no es necesaria
la homologación, sino que procede su simple registro
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con
el depósito del instrumento formal. Se entiende que en ese
caso el interés general no está comprometido y en cuanto a
los límites legales, cabe el acceso a la Justicia para garantizar
los derechos afectados, circunscriptos a su ámbito.
Las normas internacionales del trabajo
El Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo
(1949) relativo a la aplicación de los principios del derecho
de sindicación y de negociación colectiva, ratificado por
nuestro país en 1956, dispone en su artículo 4º: ”Deberán
adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales,
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar
entre los empleadores y las organizaciones de
los empleadores, por una parte, y las organizaciones
de trabajadores , por otra, el pleno desarrollo y uso de
procedimientos de negociación voluntaria, con objeto