La Universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y

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y con la valoración de las transformaciones en la producción
y distribución del conocimiento y sus relaciones con las
nuevas alternativas pedagógicas. Esto significa que el
desempeño de los docentes y de las unidades orgánicas
deben ser vistos también a la luz de estos criterios. También
aquí hay que tomar la opción entre una evaluación
tecnocrática y una evaluación tecno-democrática o
participativa. La primera es hoy fuertemente recomendada
por el capital educativo transnacional. Se trata de una
evaluación cuantitativa, externa, del trabajo de los
docentes o del trabajo de investigación, dejando afuera el
desempeño de cualquier otra función, especialmente las
de extensión, por más relevantes que sean en el plano
social. En el caso de la investigación, se centra en lo que
es más fácilmente cuantificable a través de técnicas
bibliométricas que diferencian tipos y lugares de
publicación o de impacto de las publicaciones medido por
índices de citación. En las áreas de extensión, que son
más difícilmente cuantificables, se ha realizado muy poca
evaluación y cuando ocurre, se tiende a privilegiar la
relación universidad-industria, centrándose en criterios
cuantitativos, por ejemplo, como el número de patentes.
La fijación de criterios a través de los mecanismos de
democracia interna y externa, es fundamental, toda vez
que ellos definen el valor del retorno de las diferentes
actividades universitarias. La universidad no debe
promover modelos idénticos en la actividad docente, pero
sí modelos diferenciados que valoren las competencias
específicas de cada grupo de docentes, garantizando una
calidad mínima dentro de cada modelo o vertiente. Esto
permite ampliar el retorno social de la universidad e
introducir incentivos internos para nuevas actividades, sirve
como escudo contra la presión unilateral de incentivos
mercantiles. Los modelos de evaluación participativa tornan
posible la emergencia de criterios de evaluación interna