La Universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y

122 • Boaventura de Sousa Santos
solamente en el hecho de que la universidad pública realiza
funciones de interés público, que por definición no pueden
ser realizadas en el mercado de diplomas universitarios.
Se apoya todavía en la necesidad de corregir algunos defectos
de la competencia desleal y de la apropiación indebida de
recursos de la que ha sido víctima la universidad pública en
las dos últimas décadas.
Frente a esto, la reforma de la universidad como bien
público se debe basar en este principio fundamental:
compete al Estado fomentar la universidad pública y no le
compete fomentar la universidad privada; la relación del
Estado con esta última debe ser cualitativamente diferente:
una relación de regulación y de fiscalización. En un período
de austeridad financiera, no se justifica que los fondos
públicos sean canalizados para el sector privado. A su vez
la regulación de la universidad privada debe ser tanto
indirecta como directa. La regulación indirecta ocurre con
la expansión y cualificación de la universidad pública
influyendo sobre la disminución del negocio universitario
rentable. La situación diverge de país a país, pero en
general, con excepción de Estados Unidos, el sector privado
ocupa la base de la pirámide de calidad y no el tope.
La regulación directa del mercado universitario se hace
con el aumento de las condiciones de autorización y
acreditación en combinación con la evaluación de
resultados. La acreditación debe estar sujeta a la renovación
y la evaluación debe seguir los criterios de
evaluación de las universidades públicas. Debe evitarse a
toda costa el dumping social de la formación universitaria,
una situación inminente en sectores saturados del mercado
(por ejemplo, las carreras de derecho y de administración)
y casi siempre concentrados en las regiones de mayor
densidad poblacional.