Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

2- Acuerdo No. 65 de 25 de mayo de 1984. Se anula un auto de la Sala de lo
Penal del TSP que declaraba desierto un recurso.
3- Acuerdo No. 71 de 25 de julio de 1987. Se anula una sentencia dictada por un
TMP.
Resulta una verdadera curiosidad, esa atribución de índole jurisdiccional ejercida
por el CG, seguramente obedeció a trascendencia de la decisión “anular una
sentencia firme”, lo que deduzco de los términos Acuerdo.
Tampoco con las disposiciones “encontradas” solucionamos los casos
planteados. A continuación hago breve referencia a la doctrina, estudiando a los
profesores Ernst Beling – alemán - y Miguel Fenech – español -.
La monumental Enciclopedia Jurídica española dedica 18 páginas al concepto de
nulidad en el ámbito civil (TXXIII, p. 520 y sig.), expresando “que la doctrina de las
nulidades es una de las más oscuras del derecho civil”, pero nada dice sobre el
proceso penal.
Siguiendo la obra de Beling (citar la obra, cuyos datos están al final), la cual calificó
Prieto Castro al prologar su traducción por Fenech como “muy superior a las que le
precedieron e insuperada hasta ese momento”, la que a pesar del tiempo
transcurrido hoy es tomada como paradigma, se atribuye a Binding haber llamado
por primera vez la atención sobre esta cuestión. En principio, no se quería
reconocer la nulidad como derecho vigente y la práctica no la aplicó a los actos
judiciales. Hoy día, nadie discute que existen actividades procesales que carecen de
todo efecto, continuando bajo polémica la terminología, límites de la ineficacia y a
quien y en qué momento corresponde declararla.
Hay decisiones judiciales que infringen la ley procesal en un grado tal, que su
reconocimiento como eficaz produce más escándalo que su nulidad – afirma Beling
-.Este autor plantea, “que en el curso del proceso no debe tenerse en cuenta la
conducta procesalmente ineficaz. Ha de considerarse como inexistente”, y que una
conducta es antiprocesal “si faltan los presupuestos de su formación”.
Por otro lado, Fenech, más comprensible a mi inteligencia, al referirse a los vicios de
los actos procesales, plantea que pueden ser de dos órdenes, defectuosos e ilícitos.
Comprende entre los primeros, los nulos (clasificándolos en inexistentes, nulidad
absoluta, relativa y anulables) y los irregulares.
Ambos autores coinciden, en que el propio Tribunal está autorizado a “poner en
orden” de nuevo el proceso, planteando que las resoluciones denominadas
ordenatorias, son en general revocables; ejemplos: la de señalamiento de la vista,
la de suspensión, o la que niega la admisión de una prueba. No así el auto de
apertura por abrir una nueva fase. Estimando irrevocables, todas las resoluciones
que ponen fin al proceso, con independencia de la forma que adopten, las que
generalmente son impugnables; La ocasión no me permite decir más en una
exposición de esta naturaleza.
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