Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

No obstante, la mayoría de los autores coinciden de manera global en que los
mismos son: la pertinencia, la legalidad y la ilicitud; otros más específicos los ubican
en: la prueba de lo imposible y la innecesaria.
Por ende, como se deduce, estas barreras tutelan o controlan el accionar probatorio
en el pleito civil, e indiscutiblemente deben conocerse al extremo por el Juez para
tenerlas presente al analizar las pruebas que se le presentan en el proceso de dicha
materia, de forma tal que su veredicto de admisión o inadmisión esté dotado de un
juicio certero y eficaz, caracterizado además por la validez que suministran esos
límites, a fin de evitar dilaciones innecesarias en el proceso de que se trate, al
aceptar pruebas que finalmente no van a aportar elemento alguno para la decisión
definitiva, con relación a la pretensión de que se trate o thema decidendum.
La clasificación que más se corresponde con los objetivos trazados en este trabajo
está dada en los límites: preprocesales y procesales, 159 a los cuales se afilia la
autora del presente. Las otras más bien se relacionan con las exigencias del
proceso en general, y no con la prueba, en particular, por ende, resulta inadecuado
tratarlos en este contexto.
Los límites preprocesales se derivan de la obtención ilícita de la fuente, como acto
que se consuma antes de la incorporación de éstas al proceso. En tal sentido se
encuentra la licitud tema bastante controvertido entre los operadores del Derecho.
La “prueba ilícita” descansa en la pérdida de eficacia de una fuente que es traída al
proceso violentando derechos o libertades constitucionales.
GARCIMARTIN MONTERO, 160 especifica en cuanto a la fuente, que lo prohibido no es
que el hecho sea probado en sí, sino los medios inconstitucionales con que el
mismo se ha obtenido.
MANTECÓN RAMOS, 161 apunta que un sistema procesal puede adoptar o no el “deber
de licitud”, como parámetro de eficacia, y advierte que en cuanto a éste subyace un
conflicto de intereses entre el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos
constitucionales. El mismo es además del criterio, que si por principio el proceso
civil hace descansar en las partes la carga de la prueba, no es de extrañar que
éstas hagan lo máximo a su alcance para lograr dicha expectativa, lo que conducirá
a que se encuentre latente siempre la posibilidad de la obtención de las fuentes de
prueba por vías inconstitucionales.
Por ello, es importante que en los diferentes ordenamientos jurídicos se regule de
forma expresa la inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida, aún y cuando la
estricta aplicación de este límite, disminuya las posibilidades cognoscitivas del
procedimiento, que se ve privado de fuentes de transmisión de conocimiento en
obediencia a un criterio de “pureza procesal”, de lo que entonces surge la polémica
de su aceptación o no, pero a criterio de la autora, su inexistencia sólo apunta a un
estado de indefensión y desigualdad entre los litigantes, máxime cuando autores
159 Seguimos en esta clasificación a SANCHIS CRESPO, C.: La prueba por medios audiovisuales y por
instrumentos de archivo en la Ley 1/2000. En Prensa.
160
GARCIMARTIN MONTERO, R., El objeto de la prueba en el proceso civil, CEDELS, Ed. S.L.,
Barcelona, 1997, pp. 70.
161 Vid., MANTECÓN RAMOS, A., Interpretación axiológica … , op. cit., pp. 10 y 11.
142