Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

o indisponibilidad de los bienes jurídicos que resultan afectados. Así, por ejemplo,
tenemos el caso de los delitos privados o perseguibles sólo a instancia de parte –
injuria y calumnia− cuya persecución y juzgamiento depende de la voluntad del
agraviado (cfr. Artículo 321.1 del CP. en relación con el Artículo 424 de la LPP.); los
denominados semi-públicos, en los que se requiere la denuncia del perjudicado para
que se constituya válidamente la relación procesal (cfr. los Artículos 309.1; 321.2;
222.1.3; 336.1.5; 339.1.3.4 del CP.); y aquellos en los que, pese a su naturaleza
pública, el legislador concede la posibilidad de desistir del proceso (cfr. los Artículos
222.1.3; 309.2; 335.1.4; 339.1.3.4 del CP.).
En el proceso penal cubano, si se trata del ejercicio de la acción penal pública
(delitos perseguibles de oficio), el rol del acusador lo ocupa el fiscal, quien la ejerce
en régimen de monopolio exclusivo de conformidad a las atribuciones que
constitucional y legalmente le están concedidas a este órgano estatal. 11 No obstante
puede ocurrir que el fiscal, luego de culminada la fase investigativa y llegado el
momento de decidir sobre el ejercicio de la acción penal, estime que el hecho no
sea constitutivo de delito o que el acusado aparezca exento de responsabilidad
penal y en consecuencia opte por solicitar al tribunal el sobreseimiento libre del
asunto (cfr. Artículos 262.3-a; 264, 265 de la LPP.). Si ante tal supuesto el órgano
jurisdiccional estima injustificada la solicitud del fiscal, le devolverá el expediente
para que reconsidere su posición y, de insistir aquel, declarará injustificada la
solicitud de sobreseimiento ofreciendo el procedimiento a la víctima por si decide
ejercitar la acción privada (cfr. Artículo 268 LPP.). Constituye esta la única
excepción en que la puede el particular asumir por sí el ejercicio de la acción
respecto a delitos público.
Si, por el contrario, se trata del juzgamiento de un delito perseguible sólo a instancia
de parte (injuria o calumnia), corresponde a la víctima asumir la posición de
acusador (querellante), quien deberá ejercer la acción privada mediante los causes
de un procedimiento especial denominado querella (cfr. Artículo 420 y ss. LPP.).
En cuanto a la posición de acusado, ya adelantamos que sólo puede ser ocupada
por aquel a quien se imputa la comisión de un delito. Con independencia de los
supuestos de pluralidad de intervinientes en un hecho delictivo, no puede
sostenerse que todos aquellos contra quienes se dirige la acusación ocupen de
conjunto la posición de la parte acusada, porque lo que ocurre en estos casos es
que existen varias relaciones jurídico-procesales y en consecuencia varios procesos
(uno por cada acusado), aunque todos se conozcan y resuelvan en un único
procedimiento en virtud de las reglas de la conexidad procesal (cfr. Artículo 13
LPP.).
3.2. Bilateralidad o audiencia.
11 Cfr. Artículo 127 de la Constitución de la República de Cuba en relación con el Artículo 1 de la Ley
de la Fiscalía General de la República y el Artículo 273 de la Ley de procedimiento Penal. La
exclusividad en el ejercicio de la acción penal pública supone que sólo la Fiscalía puede hacerse
cargo de su promoción, sin que puedan los particulares interesar la actuación jurisdiccional de
conjunto con el referido órgano; a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos procesales
como el español, por ejemplo, en el que todos los ciudadanos tiene el derecho constitucionalmente
reconocido de ejercitar la acción penal ante la existencia de un hecho con apariencia de delito, dando
lugar en el orden procesal a la figura reconocida como «acusador popular».
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