Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

en caso de ser preciso. Es lo que se supone, porque la realidad es que en gran
parte de las ocasiones, no hay reacción seria de los Tribunales frente a la
desatención del testigo a las citaciones o llamamientos repetidos, y lo más común
es que se prescinda de su declaración, al punto que el Tribunal Supremo se ha
pronunciado ratificando el apremio de la conducción por los agentes de la Policía,
como se colige de la consulta que dio lugar al Dictamen Número 378 de 2006.
Aunque vale que se precise cómo también las propias partes que interesan la
prueba tienen cuota de responsabilidad, pues no son pocos los procesos en que los
testigos no han sido advertidos correctamente por el litigante que los interesa del
objetivo por el cual los ha propuesto en tal calidad, sin que falten los casos en que el
declarante conoce en la sede del Tribunal tal detalle, ante la temeridad del
interesado en la prueba de que ocurran “enfrentamientos” entre aquel y su contrario,
o hasta con los propios testigos de la contraparte. Todo lo cual puede conducir a
que finalmente la parte que los propone quede desamparada, teniendo en cuenta
que el logro de la concurrencia de un tercero al proceso no es cosa que esté a su
alcance como simple ciudadano sin atributos de fuerza pública, a diferencia de
como acontece con la prueba de Documentos, como se precisó por la autora
anteriormente, lo que da al traste con el sentido de la prueba, con el derecho a la
prueba pertinente y la tutela judicial efectiva.
Tampoco ello se respalda en la Constitución de la República de Cuba, cuestión que
en gran medida beneficiaría la actividad probatoria.
En otro orden de ideas, el artículo 243 de la Ley de Procedimiento Civil,
Administrativo, Laboral y Económico, delimita la etapa de recibimiento a pruebas del
proceso civil, y deja exclusivamente en manos del Tribunal esta decisión, que por lo
demás no está obligado a conducir el litigio hacia la fase probatoria si no lo cree
necesario. Así las cosas, una vez agotada la fase de alegaciones, si el órgano
jurisdiccional entiende que los hechos alegados precisan de demostración, abre el
proceso a prueba, 154 sin necesidad de que las partes lo soliciten, aspecto que en
legislaciones procesales civiles que la antecedieron no se logró, pues se supeditaba
esta fase del procedimiento a la solicitud de las partes, como era usual, decíamos
anteriormente en las legislaciones procesales, de la materia civil en el siglo XIX.
incomparecencia del testigo sin justa causa al acto para el que ha sido citado judicialmente, posibilite
al tribunal imponer determinada multa, puesto que exclusivamente faculta al órgano a acordar los
apremios que sean procedentes para lograr su presencia incluida su conducción por la fuerza
pública, y tal proceder es totalmente ajeno a la imposición de la medida pecuniaria de la naturaleza
apuntada; sin que pueda utilizar dicha solución autorizada en el procedimiento penal, habida cuenta
que ello entrañaría más que improcedente aplicación supletoria que la Ley no contempla
expresamente, una ilegal transposición de norma procesal.
154 No obstante, el artículo 243, de la vigente Ley rituaria civil cubana, establece que: “si el debate se
contrajera a cuestiones de estricto derecho o a hechos cuya justificación resultara de los escritos y
documentos presentados, el Tribunal dictará sentencia sin más trámites. Cuando los hechos
articulados requieren posterior demostración, el Tribunal abrirá el proceso a prueba.” Este principio
del mencionado artículo 243 tiene su excepción en el Proceso Especial de Divorcio por Justa Causa.
El artículo 390, de la propia Ley mencionada, establece teniendo en cuenta las incidencias que
pueden venir relacionadas con tipo de asunto (en este caso, el proceso Especial de Divorcio por
Justa Causa), que el Tribunal abrirá el proceso a pruebas cuando los hechos articulados requieren
posterior demostración, salvo que las partes hayan solicitado que se falle definitivamente sin
necesidad de prueba. Dicha salvedad, en la práctica, se utiliza en los casos en que la parte
demandada se halla allanado, pues el Tribunal Supremo se ha pronunciado por la necesidad de que
aún en los casos de este tipo de proceso, que son los de mayor radicación en los Tribunales
Municipales, se abra el mismo a pruebas, a no ser como se precisó que exista allanamiento expreso.
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