Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

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datos suficientes para configurar el hecho imputado y la persona a quien se le imputa”. 95 Esta misma opinión es desarrollada por CARRETERO MORALES, para quien “la litispendencia comienza a partir del momento en que la denuncia es admitida y, en consecuencia, se ordena la instrucción del proceso”. 96 Con apoyo en estos criterios, y dejando a un lado las soluciones rígidas, no advertimos ningún impedimento para plantear la litispendencia durante la sustanciación de la fase preparatoria del proceso penal, siempre que aparezcan suficientemente acreditados los elementos configurativos del objeto procesal, con respaldo en los actos de instrucción practicados. La denuncia de esta situación procesal anómala pudiera encausarse mediante un escrito ad hoc dirigido al instructor a cargo del expediente, amparado en el artículo 121 de la LPP, que deberá contener una explicación detallada sobre el idéntico proceso penal ya iniciado a los efectos de que se disponga la acumulación de los expedientes o actuaciones practicadas hasta el momento, sobre la base de la imposibilidad de que un mismo hecho esté siendo investigado por distintos órganos de instrucción. Ello puede significar una tarea compleja, sobre todo porque en tan temprana fase del proceso es lógico que el hecho con apariencia delictiva no esté aún bien delimitado, con independencia de que la representación letrada del acusado pueda dirigir sus esfuerzos a lograr el esclarecimiento de tales particulares. Tomando en cuenta la formación progresiva del objeto procesal, 97 las mayores posibilidades de éxito de tal pretensión tendrían lugar en el momento de las calificaciones, por ser este el trámite en el que aquel queda esencialmente configurado (cfr. artículo 349 LPP.). Lo problemático sería entonces el modo de discutir esta forma de persecución irregular ante la ausencia de expreso cauce procesal para ello. En este sentido la doctrina se halla dividida, y mientras un grupo de autores ha entendido que los casos de litispendencia en sede penal deben ser tratados como cuestiones de competencia; 98 GÓMEZ COLOMER, por el contrario, sostiene que dicha 95 BARONA VILAR, Silvia; Tutela civil y penal de la publicidad, 1ª Edición, Editorial Tirant lo Blanch y Universitat de València, Valencia, 1999, p. 706. 96 CARRETERO MORALES, Emiliano; “Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las cuestiones prejudiciales (arts. 40 a 43 LEC)”, Barcelona, 2007. En: Revista para el análisis del Derecho. Disponible en: http://www.indret.com/es/derecho_procesal/502ec4b [Consulta: 22/6/10 8:10 p.m.]. 97 El objeto del proceso no aparece de una vez, de forma estática, sino que comienza a formarse de una manera progresiva. El iter de formación del objeto procesal tiene su origen en el conocimiento de la ocurrencia de un «hecho que reviste caracteres de delito»; se asume, entonces, por parte de la policía y/o la instrucción un grupo de acciones encaminadas a lograr su esclarecimiento y su responsable (cfr. artículos 104 y 106 de la LPP); luego, el fiscal formula unas calificaciones provisionales, que constituyen la primera manifestación concentrada de aquel (cfr. artículo 278, LPP), concretándose de un modo terminante en el trámite en que se elevan a definitivas (cfr. artículo 349 de la LPP). No obstante, el último acto de formación del objeto del proceso es la sentencia firme, pues el acontecimiento histórico que esta contiene en el primer resultando probado es lo que hace frente al futuro con los efectos de cosa juzgada. Vid. BERTOT YERO, María C. y Dayan G. LÓPEZ ROJAS; “Otra mirada en torno a la correlación penal”. En: Revista Justicia y Derecho No. 14, año 8, junio de 2010, p. 89. 55
situación puede ser denunciada mediante el cauce legal previsto para la cosa juzgada, dada su naturaleza idéntica. 99 Tanto la cosa juzgada como la litispendencia son apreciables ex officio por el órgano jurisdiccional en cualquier estado del proceso. 100 6. ¿Víctimas indefensas? Ante esta solución procesal pudiera pensarse que las víctimas de los hechos parciales engarzados a la continuidad delictiva sancionada, descubiertos con posterioridad, quedarían en estado de indefensión como consecuencia de que sus responsables no serían juzgados nuevamente. Para dilucidar esta inquietud se impone una reflexión inicial: no existe una relación jurídica material penal entre los sujetos implicados en un hecho delictivo, de modo que la víctima no ostenta un derecho subjetivo a que al autor del delito se le imponga una pena. El ius puniendi se ha asumido con exclusividad por el Estado y los particulares no tienen derechos subjetivos de contenido penal, 101 sino exclusivos derechos patrimoniales en la medida en que el delito haya ocasionado una lesión de esta naturaleza. 98 En esta línea se inscriben BARONA VILAR: “Para evitar esta situación el ordenamiento permite el planteamiento de las cuestiones de competencia (…), y con ellas que sea tan sólo un juez el que lleve a cabo el conocimiento de la investigación que pesa sobre un sujeto como consecuencia de un determinado hecho imputado.” Cfr. BARONA VILAR, Silvia; Tutela civil…cit., p. 707. GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, para quienes “la excepción de litis pendencia, no incluida expresamente en la LECrim., está realmente implícita en la excepción de incompetencia”. Cfr. GÓMEZ ORBANEJA, Emilio y Vicente HERCE QUEMADA; Derecho Procesal Penal, Vol. II, 3ª Edición modificada y puesta al día, Madrid, 1951, p. 270. FENECH: “Cuando se produzca la situación anómala de que dos o más jueces o Tribunales estén conociendo de procesos con un mismo objeto, aunque aparezcan procesados en cada uno de ellos distintas personas, deberá procederse, en virtud de las normas de competencia que tienen carácter público, a la remisión de lo actuado al juez o Tribunal competente, poniendo a su disposición a los detenidos o efectos ocupados”. Cfr. FENECH, Miguel; El Proceso Penal, José Mª Bosch Editor, Barcelona, 1956, p. 201. MAIER: “La litis pendentia plateará, ordinariamente, una cuestión de competencia, pues solo uno, entre los varios tribunales u órganos que tramitan la persecución penal, es el que proseguirá el procedimiento”. Cfr. MAIER, Julio B.; Derecho Procesal… cit., p. 409. 99 Cfr. GÓMEZ COLOMER, Juan L.; “El juicio oral”. En: MONTERO AROCA, Juan (Coordinador); Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, 10ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 247. 100 Apud. MAIER, Julio B.; Derecho Procesal…cit., pp. 407-408. Refiriéndose a la doctrina que rodea el proceso civil, VEGAS TORRES afirma que “el Derecho procesal moderno rechaza la aplicación de una “concepción privatista” al tratamiento de la litispendencia (y, en general, al tratamiento de los presupuestos y óbices de la decisión de fondo)”, de tal suerte que “consideraciones de seguridad jurídica y de economía procesal sitúan a la exclusión del segundo proceso más allá del ámbito de la tutela de los derechos del demandado e imponen la vigilancia de oficio de la litispendencia por el juez”. Cfr. VEGAS TORRES, Jaime; La eficacia excluyente de la litispendencia…cit. Abandonada la concepción privatista del proceso y aceptada su naturaleza pública, explican MONTERO AROCA y CHACÓN CORADO que los verdaderos presupuestos han de ser controlados de oficio por el juzgador porque “lo que condiciona la posibilidad de dictar una sentencia sobre el fondo, no puede abandonarse a la disposición de los litigantes”. Vid. MONTERO AROCA, Juan y Mauro CHACÓN CORADO; Manual de derecho Procesal Civil. El Juicio Ordinario, Volumen I, p. 214, sin datos de identificación. Si estas son las concepciones que rigen el proceso civil, donde los intereses en juego son puramente privados, mayores son las razones para sustentar la apreciación de oficio de estos impedimentos procesales en el enjuiciamiento penal. 101 Cfr. MONTERO AROCA, Juan, et. al.; Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, 10ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 12. 56
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