Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

como MONTERO AROCA han opinado que la protección del parámetro que analizado
no alcanza todas las modalidades de derechos subjetivos, sino sólo los que la
Constitución contempla.
Al revisar este parámetro en el contexto de la vigente Ley procesal cubana se
aprecia que la misma no recoge la ilicitud de la prueba de manera expresa; y
aunque el artículo 260 de este cuerpo legal prevé en su segundo párrafo, una línea
de control muy general de la legalidad de la prueba, al preceptuar que: “… serán
también inadmisibles las pruebas manifiestamente inútiles o tendentes a dilatar o
entorpecer el proceso o las que en su proposición no se ajusten a los requisitos y
condiciones ordenadas por la Ley …”, no cree la autora que con ello baste.
Viéndolo desde el ámbito constitucional, el Texto Magno cubano, vigente a partir del
año 1976, y reformado con posterioridad en 1992, denomina su Capítulo VII:
Derechos, deberes y garantías fundamentales; y comprende del artículo 45 al 66,
aspectos relacionados con la materia que se trata en el presente epígrafe,
entiéndanse, los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia,
parámetros éstos que generalmente cuando se transgreden o se ponen en peligro,
ello está motivado por la búsqueda de indicios o pruebas de determinados sucesos
relacionados con la esfera de acción propia del titular.
En el Código Penal vigente, Ley Número 62 de 1987 existe un Título
correspondiente a los delitos contra los derechos individuales, y sanciona una serie
de conductas infractoras, incluyendo las configuradas en los propios ejemplos que
hemos mencionado. O sea, que en ambos cuerpos legales existe protección jurídica
expresa a los referidos derechos.
Luego entonces, al retornar a la Ley rituaria civil patria, se advierte que la
mencionada regulación del párrafo segundo del artículo 260, resulta en esencia
formal, para con el parámetro o límite que se analiza, pues más bien trata de la
obediencia que debe seguir la parte que propone la prueba.
Puede decirse, consecuentemente, que al menos en el momento en que debe
producirse el control de admisibilidad, no hay un precepto que ampare estrictamente
el rechazo de la prueba que se hubiere obtenido ilícitamente. 162
Sin embargo, esta situación no impide que por analogía pueda aplicarse el artículo
4, del Código Civil vigente en Cuba, y de utilización supletoria al resto de las
materias de esta naturaleza, u otras reguladas en leyes especiales, precepto que
alerta la ineficacia del ejercicio de un derecho, contrario al interés social, o cuando el
fin perseguido es que se cause daño a otro.
Ante tales circunstancias, podría quedar la posibilidad de que el Juez, conocedor de
esta situación, no la tuviera en cuenta en la sentencia al momento de apreciar el
resultado de las pruebas, en el sentido de que “las restantes hayan tenido mayor
162 MÉNDEZ LÓPEZ , J. y CUTIE MUSTELIER, D., Justicia Constitucional en Iberoamérica-Cuba, sitio
www.uc3m.es. Con la Constitución de 1940 estuvo vigente en Cuba el Tribunal de Garantías
Constitucionales y Sociales hasta el año 1960, dejando de existir como Tribunal para convertirse en
Sala Especial de Garantías Constitucionales del Tribunal Supremo, vigente hasta la promulgación de
la Ley Número 1250, del 23 de junio de 1973: “Ley de Organización del Sistema Judicial”.
143