Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

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Conociendo lo que dice nuestra Ley Procesal Penal, el Consejo de Gobierno del máximo Tribunal del país y la opinión de dos prestigiosos profesores que tratan este tema en sus obras, cómo enfrentar los casos inicialmente planteados. Parto en el análisis del texto constitucional, donde se declara en el artículo 59, que sólo es posible el encausamiento y la condena por medio de un procedimiento previamente establecido con formalidades y garantías, donde se asegure el derecho de defensa a todo acusado. En cuanto a los casos del Tribunal no formado por los mismos jueces durante todas las sesiones del juicio oral, lo que infringe el principio de identidad física del Juez, entre otros; Sala con integración inadecuada – 3 miembros cuando debieron ser 5 según la competencia objetiva- con merma de las garantías; y el juicio celebrado nombrando el Tribunal un defensor de oficio, sin previa advertencia de esta posibilidad al acusado y su defensor de confianza como establece la Ley, o en el supuesto señalado de infracción de la Instrucción No. 59 del CG; de advertirse tales vicios en un momento anterior a la firma de la sentencia – no hay sentencia -, no tengo la menor duda que el Tribunal puede declarar de oficio la nulidad de lo actuado, corrigiendo el error. En el primer caso, concluyendo el juicio, de ser posible, con el miembro del Tribunal indebidamente reemplazado; En el segundo, conformando el Tribunal desde el inicio con la composición exigida en la Ley – 5 miembros -; y en el último, celebrando el juicio con el defensor designado por el acusado. ¿Qué ocurre si el Tribunal advierte el yerro en estado de sentencia definitiva o firme? No encuentro otra solución que continuar – lo que puede parecer absurdo -, a pesar de que la sentencia definitiva pudiera ser recurrida bajo causales de un recurso por quebrantamiento de forma; o una vez firme, a través de la revisión, de comprender alguno de los supuestos de violación de garantías que la autorizan. No me inclino a plantear, en los indicados casos, la nulidad por el propio Tribunal, de una sentencia definitiva o firme. La Ley no autoriza al Tribunal que dicta una sentencia a variarla después de firmada y así lo declara expresamente – artículo 50 -; de lo anterior sobreentiendo que menos a anularla. Por otra parte ¿qué sentido tendrían los recursos y la revisión? Beling aduce una razón de orden psicológico que influye en los jueces, la irrevocabilidad por ellos mismos los estimula a trabajar escrupulosamente, pues saben que no podrán corregir luego sus posibles errores, a lo que une, que otorgar tal potestad, quiebra la seguridad jurídica necesaria, dando la impresión de una temeraria actividad titubeante. En cuanto a los casos del rebelde contra el que por error se comenzó el juicio, sin ni siquiera habérsele notificado las conclusiones acusatorias; y el autor aprehendido procesándose sólo al cómplice. En ambos supuestos el Tribunal debe anular. El primero se trata de un acto inexistente, se llega a juicio conociendo el acusado de qué se le acusa, y planteando su posición al respecto con requerimientos probatorios, nada de lo cual ocurrió. El segundo, para la mejor ordenación y conocimiento del proceso, incluso puede obrarse por analogía con el caso del rebelde. 133
El asunto del Juez que intervino en las dos instancias y el de la apelación del Fiscal resuelta a espaldas del acusado, firme la sentencia, el único remedio es la revisión, de ser posible, o en defecto el procedimiento establecido en el mencionado Acuerdo No. 47 de 1983. El Juez recusable, lo que se advirtió en apelación, debe ser visto en esa instancia sin retroacción, según los aludidos Dictámenes No. 196 de 1984 y 227 de 1985, sobre lo que tengo mis dudas. En los restantes casos la nulidad puede ser declarada por el Tribunal reponiendo la legalidad. Hasta aquí un complicadísimo tema, a cuyo estudio los invito. 134
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Universidad de Matanzas “Camilo C
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GENERALIDADES DEL DERECHO PROCESAL.
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INTERPRETACION DE LA LEY PROCESAL.
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Por ello UN PROCESO puede actuarse
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En Cuba los procesalistas tienen qu
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Ello tiene su explicación en el es
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Ley No. 5 de 13 de agosto de 1977,
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procesales implícitos en el juicio
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Un repaso crítico sobre los distin
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fondo en otro proceso anterior. 89
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Partiendo de tal presupuesto, y tom
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una sentencia condenatoria se descu
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Tercer caso: En la Causa No. 26/200
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La Cosa Juzgada: efecto esencial de
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Y es así que la Sala Civil Transit
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5. LACUEVA BERTOLACCI, Rodrigo.; Di
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SUJETOS Y PARTES. (1ERA PARTE) INTR
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