Compilación de temas de derecho procesal para estudiantes de ...

Conociendo lo que dice nuestra Ley Procesal Penal, el Consejo de Gobierno del
máximo Tribunal del país y la opinión de dos prestigiosos profesores que tratan este
tema en sus obras, cómo enfrentar los casos inicialmente planteados.
Parto en el análisis del texto constitucional, donde se declara en el artículo 59, que
sólo es posible el encausamiento y la condena por medio de un procedimiento
previamente establecido con formalidades y garantías, donde se asegure el derecho
de defensa a todo acusado.
En cuanto a los casos del Tribunal no formado por los mismos jueces durante todas
las sesiones del juicio oral, lo que infringe el principio de identidad física del Juez,
entre otros; Sala con integración inadecuada – 3 miembros cuando debieron ser 5
según la competencia objetiva- con merma de las garantías; y el juicio celebrado
nombrando el Tribunal un defensor de oficio, sin previa advertencia de esta
posibilidad al acusado y su defensor de confianza como establece la Ley, o en el
supuesto señalado de infracción de la Instrucción No. 59 del CG; de advertirse tales
vicios en un momento anterior a la firma de la sentencia – no hay sentencia -, no
tengo la menor duda que el Tribunal puede declarar de oficio la nulidad de lo
actuado, corrigiendo el error. En el primer caso, concluyendo el juicio, de ser
posible, con el miembro del Tribunal indebidamente reemplazado; En el segundo,
conformando el Tribunal desde el inicio con la composición exigida en la Ley – 5
miembros -; y en el último, celebrando el juicio con el defensor designado por el
acusado.
¿Qué ocurre si el Tribunal advierte el yerro en estado de sentencia definitiva o
firme? No encuentro otra solución que continuar – lo que puede parecer absurdo -, a
pesar de que la sentencia definitiva pudiera ser recurrida bajo causales de un
recurso por quebrantamiento de forma; o una vez firme, a través de la revisión, de
comprender alguno de los supuestos de violación de garantías que la autorizan.
No me inclino a plantear, en los indicados casos, la nulidad por el propio Tribunal,
de una sentencia definitiva o firme. La Ley no autoriza al Tribunal que dicta una
sentencia a variarla después de firmada y así lo declara expresamente – artículo 50
-; de lo anterior sobreentiendo que menos a anularla. Por otra parte ¿qué sentido
tendrían los recursos y la revisión? Beling aduce una razón de orden psicológico
que influye en los jueces, la irrevocabilidad por ellos mismos los estimula a trabajar
escrupulosamente, pues saben que no podrán corregir luego sus posibles errores, a
lo que une, que otorgar tal potestad, quiebra la seguridad jurídica necesaria, dando
la impresión de una temeraria actividad titubeante.
En cuanto a los casos del rebelde contra el que por error se comenzó el juicio, sin ni
siquiera habérsele notificado las conclusiones acusatorias; y el autor aprehendido
procesándose sólo al cómplice. En ambos supuestos el Tribunal debe anular. El
primero se trata de un acto inexistente, se llega a juicio conociendo el acusado de
qué se le acusa, y planteando su posición al respecto con requerimientos
probatorios, nada de lo cual ocurrió. El segundo, para la mejor ordenación y
conocimiento del proceso, incluso puede obrarse por analogía con el caso del
rebelde.
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